Junts reclama suprimir la Audiencia Nacional y un órgano judicial propio para Cataluña
04 de julio 2025/Agencias
Junts ha registrado este jueves en el Congreso más de una veintena de enmiendas a los proyectos de reforma del Poder Judicial y del Estatuto del Ministerio Fiscal en las que reclama suprimir la Audiencia Nacional, la creación de un órgano judicial propio o la obligatoriedad del catalán entre los jueces que ejerzan en Cataluña, entre otras medidas.
La formación de Carles Puigdemont ha dado a conocer sus condiciones para apoyar las reformas, entre las que resalta la supresión de la Audiencia Nacional, al considerar que representa «un órgano judicial heredero del Tribunal de Orden Público franquista que vulnera principios fundamentales como el de juez predeterminado por la ley y posee elementos propios de un tribunal de excepción».
Junts plantea como alternativa a dicho tribunal «la distribución de sus competencias entre los órganos judiciales correspondientes y el establecimiento de un régimen de transición que garantice esta redistribución», detalla en un comunicado.
«Es hora de cerrar definitivamente una institución como la Audiencia Nacional, que representa una excepcionalidad represiva inaceptable en una democracia moderna», afirma su diputado Josep Pagès en la nota.
Asimismo, propone la creación del «Consejo de Justicia de Catalunya», un órgano previsto por el estatuto catalán, con competencias para la gestión de la Justicia en el territorio «incluyendo nombramientos y la garantía de transparencia y buen funcionamiento de la judicatura catalana».
Junts quiere establecer por ley «el conocimiento del catalán para los jueces y fiscales» que ejerzan en Cataluña y apunta a «una cuota de catalanohablantes» en la administración.
«Se trata de la reserva de un porcentaje en las ofertas de trabajo de la administración de justicia con especial valoración del mérito del conocimiento de la lengua catalana», aclara en las enmiendas.
Junts también quiere «limitar la función jurisdiccional» del Tribunal de Cuentas porque considera que así se ajustaría a la normativa europea sobre derechos y garantías «permitiendo que sus resoluciones puedan ser recurridas frente a órganos judiciales independientes».
Su propuesta incluye también la ampliación de las competencias de los jueces de paz en materia civil y penal, con su jurisdicción para la celebración de bodas en Cataluña.
Además, incorpora en sus enmiendas propuestas para afrontar la multirreincidencia penal en el hurto de dispositivos electrónicos, entre ellas, un aumento de las penas, una mayor coordinación entre policía y tecnológicas para facilitar la investigación y recuperación de dispositivos robados y la simplificación de las denuncias.
