Juzgan una trama que extorsionaba a personas en España con ayuda de funcionarios en Rusia
03 de junio 2025/Agencias
La Audiencia de Málaga juzga desde este martes a siete supuestos integrantes de una organización criminal de la que formaban parte altos funcionarios del Ministerio del Interior y Justicia de Rusia dedicada a «fabricar» causas penales para extorsionar a personas de alto poder adquisitivo en España.
La Fiscalía de Málaga ha pedido para todos ellos una pena total de 75 años de prisión por pertenencia a organización criminal. Algunos, además, son considerados presuntos autores de tres delitos de extorsión, blanqueo de capitales y falsedad documental, según el escrito fiscal, al que ha tenido acceso EFE.
Entre los procesados, los principales residentes en Marbella, se encuentra la persona que supuestamente lideraba la organización en España, su esposa (de nacionalidad alemana aunque nacida en Ucrania) e hijo, así como varias personas, algunas con antecedentes penales.
Los acusados seleccionaban a sus futuras víctimas, todas ellas con perfil público, reconocida solvencia económica y conexión con actividades de dudosa legalidad susceptibles de originar un procedimiento penal.
La red implicaba falsamente a estas personas en procedimientos penales y les exigía grandes cantidades de dinero con la amenaza de llevar tales procedimientos hasta el final de sus consecuencias, como es el ingreso en prisión en Rusia, según han informado a EFE fuentes judiciales.
Para ello abrían incluso procedimiento penal en Rusia, donde se les exigía dinero a las víctimas, a las que se advertía que iban a ser detenidas (en algún caso se materializó) y extraditadas en virtud de una Orden Internacional de Detención (OID).
Los investigadores han comprobado que se llegó a detener el 16 de agosto de 2018 a un ciudadano, natural de Kaunas (Lituania), en el marco de una orden internacional de detención dictada por un tribunal de Moscú, y se le retuvo en España en prisión durante un mes.
Para solucionar «el procedimiento penal» le exigieron un millón de euros, cantidad que posteriormente fue rebajada a 500.000 euros a cambio de «archivar» el caso, aunque se celebraron cuatro reuniones antes de llegar al acuerdo.
