La AGE actualiza su protocolo contra el acoso sexual y lo extiende a las subcontratas
29 de febrero 2024/Agencias
Función Pública ha cerrado este miércoles con los sindicatos CSIF, UGT y CIG el nuevo protocolo contra el acoso sexual y por razón de sexo para la Administración General del Estado (AGE), que aplicará también a la plantilla de las empresas subcontratadas y a las personas en formación o prácticas.
El protocolo, que no han suscrito ni CCOO ni ELA, será previsiblemente aprobado como real decreto en el próximo Consejo de Ministros, según fuentes sindicales.
Para CSIF se trata de un acuerdo pionero en el ámbito laboral español y el de mayor envergadura, dado que afectará a más de 230.000 personas que trabajan en la AGE, así como en las empresas externas privadas con las que contrata servicios de limpieza, seguridad o mantenimiento, entre otros.
CSIF ha destacado en un comunicado que el protocolo contempla el acoso realizado a través de medios tecnológicos, informáticos o ciberacoso y que establece un amplio listado de conductas constitutivas de acoso como flirteos, insinuaciones, abrazos o besos no deseados, comentarios sexistas, despectivos o bromas vejatorias.
Entre las novedades se incluye también la reducción del plazo para resolver los expedientes, que no podrá superar los 10 días desde que se produjo la denuncia.
UGT Servicios Públicos ha valorado la importancia del protocolo en materia de igualdad, al aportar definiciones y ejemplos de situaciones que pueden llegar a ser constitutivas de acoso sexual y al articular un procedimiento que garantiza la imparcialidad, el respecto a la víctima y la confidencialidad.
No obstante, UGT ha asegurado que el sindicato estará atento a su desarrollo para vigilar su estricto cumplimiento y valorar su eficacia.
CCOO, sin embargo, se ha descolgado del acuerdo porque considera que el protocolo no protege debidamente a los trabajadores y no plantea un procedimiento sencillo, claro y garantista para las víctimas.
El sindicato critica, entre otras cosas, que el lenguaje del protocolo es complejo y farragoso, lo que dificulta su aplicación, que no se establecen medidas organizativas para separar a la víctima de la persona acosadora o que no se modifica el régimen disciplinario para permitir sanciones graves o muy graves si decae la vía judicial.
