La Asociación de Fiscales tampoco se reunirá con García Ortiz para la reforma del Estatuto
MADRID, 16/10/2024.- Fotografía de archivo (05/09/2024), del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz al que el Tribunal Supremo ha abierto una causa penal por un delito de revelación de secretos ante la difusión de información sobre el procedimiento por presunto fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. EFE/ J.J. Guillén
19 de mayo 2025/Agencias
La Asociación de Fiscales (AF) no asistirá a la reunión convocada por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, sobre la reforma del Estatuto Orgánico, al considerar que el texto ha sido elaborado al margen de la carrera fiscal y por no introducir verdaderos contrapesos internos ante el fiscal general.
Esta asociación se suma así a la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) que ya había anunciado que no iba a acudir a la reunión prevista para este martes, por entender que la reforma se ha hecho «a espaldas» de la asociación y porque podría considerarse un «blanqueo» de su situación como investigado.
En un comunicado, la presidenta de la AF, Cristina Dexeus, explica que «toda reforma estatutaria que no lleve aparejada autonomía presupuestaria y capacidad real de reglamentación resulta poco ambiciosa para lograr una verdadera independencia de la institución».
La asociación denuncia que el proyecto debilita al Consejo Fiscal, órgano de representación democrática de los fiscales, por «arrinconar y devaluar su funciones» lo que «da una cabal idea del nulo interés que esta reforma tiene en reforzar los mecanismos internos de contrapeso y balanza para limitar el poder absoluto del fiscal general del Estado», señala Dexeus.
Y, añade, que «la actual Junta de Fiscales de Sala, fruto de nombramientos de afines, no puede ejercer una función real de contrapeso».
El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes la reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal, que busca garantizar la independencia del fiscal general al desvincular su mandato de la legislatura. Con esta reforma, el fiscal será elegido por cinco años no renovables, con lo que su mandato ya no coincidirá con el del Gobierno, como ocurre ahora.
Con esta ley, el Gobierno no podrá dar instrucciones al fiscal sobre ningún asunto y las comunicaciones entre ambos, que tendrán que ver con el interés general, serán públicas y por escrito por la vía del ministro de Justicia. Por otra parte, el fiscal no podrá ser llamado a comparecer ante el Consejo de Ministros.
