La asociación mayoritaria de fiscales insta a Llop a cumplir el acuerdo de subida salarial

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01 e junio 2023/Agencias
La Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en este cuerpo, ha mandado una carta a la ministra de Justicia, Pilar Llop, para instarla a cumplir el acuerdo que firmaron la mayoría de las asociaciones judiciales y fiscales el pasado 23 de mayo con el Gobierno y que evitó su huelga.

Así lo han informado este miércoles fuentes de AF tras el adelanto electoral. El resto de las asociaciones profesionales espera que el nuevo escenario no afecte al pacto, ya que este es con el Gobierno de España -sea cual sea- y la convocatoria de elecciones no significa que el Ejecutivo esté en funciones, sino simplemente que las Cortes Generales se disuelven.

Con el fin de la legislatura ya no es posible tramitar en el Congreso y en el Senado ninguna norma con rango de ley, pero el Consejo de Ministros puede seguir aprobando reales decretos, con lo que no habría problemas para que viera la luz el acuerdo de subida salarial progresiva de unos 450 euros brutos al mes firmado con jueces y fiscales,

Según establece el acuerdo que alcanzaron con el Gobierno todas las asociaciones de jueces y fiscales menos la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), ambas carreras deberían comenzar a cobrar el primer 40 % de ese aumento como tarde en la nómina de octubre.

Para materializar su «plena aplicación», se «efectuarán las modificaciones legales y reglamentarias que sean necesarias».

Lo pactado, como recuerdan fuentes judiciales y fiscales, no necesita la autorización del Congreso, por lo que puede ratificarse antes de las elecciones del 23 de julio.

Además, el pacto es con el Gobierno de España y no con el PSOE, por lo que «tendría que ser respetado» gobierne quien gobierne. «Mal país seríamos si cada cuatro años se incumplen los acuerdos firmados», opinan estas fuentes, que consideran que el «peor escenario» podría ser un retraso en los plazos que marca el documento, tanto a nivel retributivo como de constitución de los grupos de trabajo.

Fuentes ministeriales aseguran que el acuerdo no peligra, aunque no dan detalles sobre los pasos que se van a dar para hacerlo efectivo.

La APM, la única asociación que no firmó el acuerdo por considerarlo «insuficiente, indigno e inaceptable», confiesa su «inquietud» y estima que el Gobierno debe «pronunciarse».

Por su parte, los letrados de la administración de Justicia, que a finales de marzo pactaron tras dos meses de huelga también una subida retributiva de entre 430 y 450 euros al mes, han solicitado tras el anuncio electoral una reunión urgente de la comisión de seguimiento para la ejecución del acuerdo.

El Consejo de Ministros aprobó que su acuerdo se tramitara de urgencia y los letrados están a la espera de ver publicado el real decreto en el Boletín Oficial del Estado (BOE), por lo que las elecciones no afectan «absolutamente nada», afirman.

HUELGA DE FUNCIONARIOS

En paralelo, sigue la huelga en la administración de Justicia, a la que están llamados 45.000 trabajadores de juzgados y tribunales. Los funcionarios insisten en que el Gobierno tiene «plenas facultades» para negociar con ellos una salida a su conflicto, a pesar del adelanto electoral.

Los sindicatos convocantes, CSIF, STAJ, CCOO y UGT, alegan las mismas razones que jueces, fiscales y letrados: que el Gobierno sigue siendo ejecutivo y que puede aprobar reales decretos.

Los funcionarios iniciaron sus movilizaciones el pasado 17 de abril, primero con paros parciales diarios y con huelgas de 24 horas en días concretos, y desde la semana pasada con una huelga indefinida.

Un conflicto que ha supuesto la suspensión o aplazamiento de más de 700.000 juicios y la paralización de más de 40 millones de actuaciones judiciales, según los últimos datos de los sindicatos.

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