La Audiencia Nacional arranca el curso judicial con un nuevo juicio a Villarejo
07 de septiembre 2025/Agencias
El excomisario José Manuel Villarejo volverá a sentarse este lunes en el banquillo de los acusados por uno de sus presuntos proyectos de espionaje, por el que estuvo investigado el exsenador del PSOE Francisco Rodríguez Martín, para quien se acabó archivando el caso.
La Audiencia Nacional arranca el curso judicial con el juicio a una de las ramas del denominado caso Tándem, protagonizado por el excomisario, que aún está pendiente de la resolución de la Sala de Apelación, que lleva meses revisando la segunda sentencia que un tribunal dictó contra él en su primer juicio: la que le condenó a 19 años de cárcel por varios delitos, pero le absolvió de cohecho.
Este último delito vertebra buena parte de la tesis acusatoria de la Fiscalía Anticorrupción en las numerosas líneas de investigación que se han ido abriendo al excomisario desde que fue detenido en noviembre de 2017.
Y por este delito -junto a varios de descubrimiento y revelación de secretos y falsedad documental-, el fiscal pide 23 años y medio de cárcel para Villarejo, y 18 años y nueve meses para el abogado Rafael Redondo, otro de los principales acusados del procedimiento.
Se trata de la pieza donde se ha investigado el denominado proyecto Saving, que se remonta a 2011, cuando Villarejo estaba en activo en la Policía.
Este proyecto habría surgido tras las dificultades del grupo Persán y su apoderado José Moya, ya fallecido, para reclamar un reconocimiento de deuda relacionado con el empresario Fernando Martín, expropietario de la constructora Martinsa-Fadesa.
Durante un tiempo esta línea de investigación también se dirigió contra el exsenador socialista Francisco Rodríguez Martínez, si bien la Fiscalía acabó solicitando el archivo de la causa para él debido a problemas de salud, y la Audiencia le sacó del caso.
El juez que investigó el caso, Manuel García Castellón, situó al exsenador como «intermediario» entre Villarejo y el citado apoderado del grupo Persán, que acudió al excomisario para «mejorar la posición jurídica» y negociadora» como consecuencia de la denominada «operación FADESA».
Anticorrupción cree que el proyecto Saving, desarrollado a través del grupo Cenyt, tras el que se encuentra Villarejo y en el que, según la Fiscalía, participó Rafael Redondo, «comprendió la obtención de información sobre diferentes personas» y resultó en una «serie de informes» para los que habrían acudido a tráficos de llamadas.
Sostiene que el objetivo era que el apoderado de Persán pudiera utilizar la información obtenida «en una eventual negociación con Fernando Martín para recuperar la inversión realizada en Martinsa Fadesa».
Y calculan que a cuenta de este proyecto, José Moya, a través de Persán, abonó a Cenyt 501.500 euros entre agosto y octubre de 2011.
