La empresa pública de electricidad. Por Aray Alonso.

¿Supondría un cambio sustancial la creación de una empresa estatal de energía?
Dado el encarecimiento del precio del MWh, las familias se han visto obligadas a realizar las labores del hogar en las horas de bajo consumo y a recurrir a estrategias para reducir al máximo la factura. Los partidos políticos no han obviado la oportunidad de ofrecer hipotéticas soluciones con la finalidad de poder hacer oposición ante la indiferencia del gobierno, que señalan a las compañías como principales causantes, no obstante, ¿realmente son las empresas del sector las responsables del ascenso de los precios?
Los precios de la luz se fijan bajo la ley de oferta y demanda, así es como en épocas de mayor consumo -véase verano e invierno- se incrementan los precios. En este momento nos encontramos bajo un exceso de demanda, que se traduce en que las empresas utilizan la subida de los precios como el incentivo pertinente para poder asumir la totalidad de la demanda, debido al gasto que conlleva la puesta a punto de centrales eléctricas que se encuentran en desuso. Este hecho no es propio del mercado energético, lo podemos encontrar en todos los mercados cuya demanda sea inelástica.
Dentro del precio de la luz podemos diferenciar tres grandes componentes que constituyen el valor total de la tarifa: el precio de la generación y comercialización de la electricidad, costes establecidos por el Gobierno e impuestos. El único coste que se fija en el mercado y que podemos clasificar como propio de las compañías eléctricas es el de generación y comercialización, el cual sólo equivale al 25% del precio total. El Gobierno controla el 75% del precio, -55% regulado (25% en distribución) y 21% en tasas- no vinculados con las compañías.
La creación de una empresa pública de electricidad es la propuesta principal del partido Unidas Podemos, actual gobernante del país en coalición con el PSOE. Mediante una serie de vídeos publicados en sus redes sociales tratan de explicar cómo una empresa estatal es la solución para bajar el precio de la luz después de que en 2007 se vendieran las últimas acciones de Endesa. Dicho argumento se basa en la idea de acabar con el oligopolio de las eléctricas interviniendo directamente, ofreciendo el producto por debajo del precio de coste. De esta manera, las demás empresas se verían obligadas a adaptarse al nuevo mercado o a desaparecer. Cabe recordar que el mercado de las eléctricas no está liberalizado por parte del Gobierno, es decir, que no se pueden crear nuevas empresas.
Dentro de la propuesta, al tratarse de una empresa de titularidad pública, el coste correría a cargo del contribuyente mediante el subsidio de las pérdidas, a no ser que se pueda ajustar el presupuesto mediante recortes en otros ámbitos. Como mencionamos anteriormente, gran parte del precio corre a cargo del Gobierno, por lo que implementar una compañía que ofrezca productos mediante estrategias de competencia desleal se traduciría en pasar de un oligopolio a un monopolio estatal. Sin embargo, ¿por qué damos por hecho que la nueva empresa pública bajo la gestión del Gobierno sería más eficiente? Acudir a los principios liberales y abrir el mercado de modo que se puedan construir nuevas centrales y otras empresas privadas puedan competir entre ellas es la forma idónea de incentivar la búsqueda de disminuir los costes de producción y hacer que los precios se reduzcan.
Desde el ministerio de transición ecológica se ha recibido con los brazos abiertos esta propuesta, culpando a la Unión Europea de la subida de la luz. La propia vicepresidenta y ministra de economía, Nadia Calviño, se opone a esta medida, tachándola de ineficaz y alegando que el Gobierno está trabajando en otro tipo de medidas a corto plazo, como rebajar el IVA, entre otras.

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