La Eurocámara apoya el inicio de las negociaciones para reformar Europol

21 Octubre 2021/Agencias
El Parlamento Europeo respaldó hoy el inicio de las negociaciones entre las instituciones de la Unión Europea (UE) para reformar Europol y mejorar su capacidad para combatir delitos graves, como el terrorismo.

El eurodiputado del PP Javier Zarzalejos, ponente del informe sobre la reforma de las normas de funcionamiento de Europol, celebró que más del 75 % de los eurodiputados hayan aprobado su propuesta.

La revisión del mandato de la agencia europea de policía, explicó, responde a «la necesidad» de dotarla «de nuevas herramientas y capacidades para afrontar la transformación digital».

Añadió que «los delincuentes han adaptado su ‘modus operandi’ a la nueva realidad digital y, en consecuencia, es necesario dotar a la Europol de mejores medios para que apoye a los Estados miembros en la lucha contra estas amenazas de seguridad en evolución».

El PE ha pedido poder negociar con el Consejo y con la Comisión Europea la reforma de la Europol a través de dos proyectos: la revisión del Reglamento Europol y la consiguiente modificación del Reglamento sobre el Sistema de Información de Schengen.

Por un lado, se quiere dar a Europol la posibilidad de analizar grandes volúmenes de datos en las investigaciones penales.

A la vez, se pretende garantizar una cooperación eficaz entre Europol y entidades privadas como las empresas, a veces utilizadas por grupos terroristas para cometer atentados o difundir propaganda.

Un mandato reforzado de Europol «permitiría a esta agencia recibir directamente datos desde las entidades privadas de manera regular, y no solo cuando se produzca una situación puntual de crisis, como puede ser un atentado», según un comunicado del PP.

También se propone fortalecer la cooperación de Europol con países no miembros de la UE, de manera que se pueda transferir datos a otro país o a una organización internacional cuando se den garantías concretas.

Por último, establece la posibilidad de que Europol pueda pedir a las autoridades de un estado miembro que inicien o coordinen una investigación penal respecto a un delito que puede afectar a un interés común europeo protegido por una política de la Unión, sin necesidad de que ese delito tenga una dimensión transfronteriza.

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