La Fiscalía de Madrid no ve delito por muertes en residencias por la COVID

15 Octubre 2020/Agencias
La Fiscalía de Madrid ha archivado por primera vez una denuncia contra responsables o profesionales de residencias de ancianos por la muerte de pacientes por COVID-19 al entender que no hay responsabilidad penal, un criterio que aplicará de forma generalizada ante el medio de centenar de casos que tiene abiertos.

Así lo ha informado este jueves la Fiscalía, que detalla que actualmente hay abiertas alrededor de 50 diligencias de investigación que son muy parecidas, por lo que el criterio general es archivarlas, aunque esto no significa que no se llegue a judicializar alguna, ya que se investiga lo ocurrido en cada centro.

En los próximos días la Fiscalía prevé decretar al menos otros cinco decretos de archivo por muertes en residencias de la Comunidad de Madrid.

El archivo no cierra la vía penal puesto que el denunciante puede acudir a un juzgado o a la vía civil para reclamar la cantidad de dinero que considera oportuna, añaden fuentes del Ministerio Fiscal.

El primer archivo se refiere a las diligencias de investigación abiertas el pasado 3 de abril a raíz de una denuncia presentada por la asociación El Defensor del Paciente contra una residencia de Madrid en la que fallecieron 23 personas como consecuencia de la covid-19.

El representante del Ministerio Público aduce que no aprecia en la denuncia hechos con “relevancia penal”, descartando los delitos de homicidio imprudente, omisión del deber de socorro y de denegación de asistencia sanitaria.

Además, advierte al denunciante de que no especifica las personas físicas a quienes considera responsables de esos delitos, que “no están contemplados entre los que puede cometer una persona jurídica”.

“A la vista de todo lo expuesto, puede concluirse que la actuación de la residencia se ajustó a su deber jurídico de garante en las especiales circunstancias en que se produjo la situación de riesgo, sin que se aprecie una actuación concreta cuya voluntaria omisión haya sido determinante para el resultado finalmente producido», sostiene sobre el posible delito de homicidio imprudente.

En cuanto a la posible comisión de un delito de omisión del deber de socorro, la Fiscalía explica que la residencia denunciada “no hizo una dejación de su deber de cuidado y asistencia médica para con sus residentes», sino que «adecuó su proceder al marco normativo y a la realidad material a la que se enfrentaba en el momento de los hechos”.

Valora asimismo que «del análisis de los planes y actuaciones diseñados y llevados a cabo en esas fechas por los responsables de la residencia denunciada, de sus constantes peticiones de ayuda y de su permanente contacto con los responsables hospitalarios de referencia para el adecuado tratamiento de sus residentes, se desprende su voluntad de intervenir para evitar los resultados lesivos que, lamentablemente y por causas que excedían de su ámbito de dominio, no pudieron en parte impedirse”.

La Fiscalía hace hincapié en que el personal sanitario no denegó asistencia a los ancianos, ya que “se esforzó en la medida de sus posibilidades para evitar tanto los contagios como la evolución médica desfavorable de los pacientes y, desde luego, su muerte”.

El decreto de archivo recalca que “en todo momento” se siguieron las directrices para el seguimiento y derivaciones de pacientes en el contexto epidemiológico que había.

Antes de proceder a este archivo la Fiscalía recabó informes y documentación en la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad así como en la dirección de la residencia, e instó a la geriatra de referencia de las residencias de Madrid para que redactase un informe sobre los criterios de naturaleza médica, clínica o asistencial “que hubieran determinado la decisión sobre las derivaciones sanitarias en las fechas de los hechos”.

La consejería explicó que, a fecha de 18 de mayo de 2020, en la residencia denunciada se contabilizaban 38 usuarios fallecidos, de los que siete habían sido derivados a un centro hospitalario, teniendo certeza de que, de los 31 fallecidos en la residencia, uno de ellos estaba contagiado de coronavirus, mientras que otros 28 presentaban síntomas compatibles con esa enfermedad.

En su informe relataba que el primer caso sospechoso de COVID-19 se detectó el 8 de marzo, momento en el que se informó a los familiares de los residentes y se comenzó a articular un mecanismo de coordinación con las autoridades responsables. Luego se activó un protocolo de intervención.

Ese informe sostiene también que los responsables de la residencia proveyeron a su personal de los equipos de protección individual en cuanto estuvieron disponibles.

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