La Fiscalía del Supremo cubre su primer año de investigación a Juan Carlos I

08 Junio 2021/Agencias
Un año ha transcurrido desde que la Fiscalía del Tribunal Supremo anunciara que asumía la investigación iniciada por Anticorrupción al rey Juan Carlos sobre el presunto pago de comisiones en la construcción del AVE a La Meca cuando aún era jefe de Estado.

Fue el primer paso que dio la Fiscalía para «delimitar o descartar» si hay causa penal, a lo que posteriormente añadió otras dos investigaciones, una sobre donaciones no declaradas y otra de posibles fondos en paraísos fiscales, además de la emprendida por Hacienda sobre las dos regularizaciones tributarias hechas por el rey emérito.

Sin pistas aún sobre cuándo podría concluir la compleja tarea que lleva a cabo el equipo de fiscales encabezado por Juan Ignacio Campos, éstos son los tres frentes que tiene activos el padre de Felipe VI y que le llevaron a trasladarse a Emiratos Árabes Unidos el pasado 3 de agosto ante la polvareda levantada.

Las comisiones del AVE saudí

 

A finales de 2018, la Fiscalía Anticorrupción empezó a indagar sobre las posibles comisiones pagadas en la adjudicación del «AVE del desierto» a un consorcio de empresas españolas en 2012, la más importante lograda por España, por unos 6.500 millones de euros.

En la grabación de una charla en 2015 entre el excomisario José Manuel Villarejo y la examante del rey, Corinna Larsen, se hablaba del presunto cobro de 65 millones de euros (100 millones de dólares) procedente del país árabe, que el emérito ingresó en una cuenta en Suiza a nombre de la Fundación Lucum, de la que era beneficiario.

Tras archivarse el caso por parte de la Audiencia Nacional, Anticorrupción la reactivó y la Fiscalía del Supremo decidió asumirla ya que Juan Carlos I pasó a ser aforado tras su abdicación y dejó de ser inviolable.

Buena parte del dinero custodiado en Lucum, el rey emérito se lo transfirió a Larsen en 2012 a una cuenta en Bahamas como regalo por la relación íntima que habían mantenido entre 2004 y 2009.

Tras conocerse que Felipe VI era el segundo beneficiario de Lucum, marcó distancias con su padre, al renunciar a su herencia y retirarle la asignación del Estado.

En paralelo a la actuación de la Justicia española, la Fiscalía de Ginebra abrió su propia investigación, aún en marcha, para desenmarañar la trama de los testaferros de Juan Carlos I, entre ellos, su primo Álvaro de Orleans, Dante Canónica y Artura Fasana, además de Larsen.

Tarjetas opacas

 

El pasado 3 de noviembre, la Fiscalía del Supremo abrió una segunda investigación a instancias de Anticorrupción sobre las presuntas donaciones recibidas a través de tarjetas de crédito opacas.

El empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, estrecho amigo del rey Juan Carlos, le facilitó dinero para gastos personales y familiares entre 2016 y 2018, cuando ya no era jefe de Estado.

Para no levantar sospechas, la entrega del dinero se hizo a través del coronel Nicolás Murga, antiguo ayudante de campo del rey y hombre de toda confianza.

Dinero en paraísos fiscales

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Apenas tres días después, se abría una tercera línea de exploración en torno a los presuntos fondos irregulares de don Juan Carlos, esta vez a raíz de un informe del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac).

En el dosier, se apuntaban sospechas de que Juan Carlos I pudiera tener guardados fondos millonarios en el paraíso fiscal de la isla británica de Jersey desde hace más de 20 años.

No obstante, desde el entorno del padre de Felipe VI se niega que sea propietario de esa supuesta fortuna.

Investigación tributaria

 

A las tres investigaciones en marcha, se une el examen que la Fiscalía está haciendo de las dos regularizaciones fiscales cumplimentadas por Juan Carlos I.

La primera, sobre el dinero que se benefició de las tarjetas opacas, y la segunda, la que saldó el pasado 26 de febrero por valor de 4,3 millones de euros por el dinero del que se benefició de la Fundación Zagatka, fundada en 2003 por De Orleáns-Borbón, para el pago de vuelos privados y gastos personales a espaldas del fisco entre 2014 y 2018.

Según la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, estos más de cinco millones de euros son una cantidad de dinero «importante e inimaginable» al comienzo de las diligencias que obligan a llevar a cabo nuevas comprobaciones.

Al saldar las dos deudas sin requerimiento previo de Hacienda y sin denuncia de la Fiscalía, el emérito evitaba ser acusado el delito tributario, pero la Fiscalía entendió que era preciso cotejar los pagos y el origen del dinero con el que saldó la deuda, al provenir de empresarios amigos del rey.

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