La inversión se desploma por la burocracia
05 de febrero 2024
La reducción significativa de las cargas administrativas, apuntando a impulsar la inversión y mejorar la competitividad de las empresas en el país, es uno de los objetivos de CEOE Tenerife.
En conformidad con el principio de eficiencia, el artículo 129 de la Ley 39/2015 establece la necesidad de evitar cargas administrativas innecesarias y racionalizar la gestión de los recursos públicos. Bajo esta premisa, las organizaciones empresariales proponemos una serie de medidas destinadas a modernizar, racionalizar y simplificar los procedimientos administrativos, con el fin último de reducir trámites y eliminar cargas burocráticas superfluas.
Entre las propuestas se incluyen, introducir el silencio administrativo positivo, hacer mayor uso de la declaración responsable, así como eliminar la obligación de aportar documentos de distinta índole que ya obran en poder de la administración.
Estas propuestas, buscan modernizar los procedimientos administrativos, contribuir a la eficiencia en la gestión de los recursos públicos y mejorar la relación entre las empresas y la administración. Recientemente, en un esfuerzo conjunto por fortalecer el entorno empresarial en España, CEOE y CEPYME han suscrito un convenio de colaboración con la Administración General del Estado y el Ministerio de Hacienda y Función Pública, que tiene como objetivo principal este fin.
La colaboración estratégica refleja un compromiso conjunto por generar un entorno empresarial más eficiente y dinámico, que busca no solo aliviar a las empresas de cargas administrativas innecesarias, sino también promover un desarrollo económico sostenible y estimular la inversión en el país.
El marco jurídico de nuestro país se caracteriza por su grado de complejidad y por su elevada densidad normativa, lo que en muchas ocasiones supone una barrera añadida para la actividad de las empresas y para el bienestar de los ciudadanos.
En el primer caso, supone un grave perjuicio para la competitividad del tejido productivo, dado que las empresas deben emplear recursos y tiempo en cumplir con todos los trámites administrativos; y en el segundo caso, la complejidad derivada de la diversidad de procedimientos existentes y el alto nivel de burocracia, pueden suponer un obstáculo añadido para las personas en su interacción con la Administración Pública, además de las limitaciones que pueden existir en el acceso a determinados trámites que solo están disponibles electrónicamente.
Según el último informe, dado a conocer, el conjunto de las páginas publicadas por los Boletines Oficiales de ámbito estatal y autonómico alcanzó el número de 1.329.865, en 2022. Cabe añadir que las Comunidades Autónomas son responsables del 80,8% de las páginas publicadas en los boletines oficiales, lo que afecta significativamente a la unidad de mercado y a la seguridad jurídica, en este caso Canarias en el año 2022 publicó 57.670 páginas, el 5,4% de las publicadas por todas las Comunidades Autónomas.
Además, las normas con rango de ley (leyes, decretos legislativos y decretos leyes) aprobadas por las islas, ascendieron a 27, el 8% de las del total del Estado.
Todo lo anterior nos muestra como el exceso de cargas regulatorias frena proyectos de inversión y eso lo vemos reflejado en los datos de Inversión Bruta Extranjera (IBE) en Canarias durante el primer semestre de 2023 que registró un total de 37.748 miles de euros, lo que se traduce en un descenso del 82,9% respecto al año anterior y eso contando con la Zona Especial Canaria, cuya finalidad es atraer inversión extranjera, para lo cual se aplican bonificaciones fiscales de calado.
En síntesis, debemos conseguir una regulación que se caracterice por su eficacia, su proporcionalidad y su racionalización, pero también por su eficiencia, eliminando las dificultades a las que se enfrentan los agentes sociales y económicos en su actividad diaria a la hora de cumplir con sus obligaciones legales, de forma que la normativa sea la mínima necesaria, lo que redunda en el ahorro de costes innecesarios. En resumen, legislar menos, pero legislar mejor.
