La nueva Ley de vivienda. Por Aray Alonso

La propuesta por parte del Gobierno para intervenir en el sector inmobiliario
La coalición de PSOE y Unidas Podemos pactaron una serie de medidas, recogidas en una Ley de vivienda. “Regulación de precios del alquiler, protección frente a los desahucios y parque público de vivienda.” Así es como presenta la líder de Podemos, Ione Belarra, la nueva Ley, describiéndola como un “hito histórico” para el país.
En este nuevo intento de intervencionismo el Gobierno tratará de hacer que el alquiler de la vivienda en España sea más asequible mediante una regulación directa del precio de las viviendas, impuestos a la vivienda vacía y la apuesta por un mayor parque público de vivienda, además de un bono de 250 euros para incentivar la emancipación de personas de 18 a 35 años que cuenten con una renta menor de 23.725 euros.
En cuanto a la regulación del precio del alquiler, se verán afectados los grandes tenedores de vivienda -más de 10 inmuebles- los cuales se verán obligados a regular el alquiler dependiendo de las condiciones establecidas por cada comunidad autónoma, las cuales deberán solicitar la declaración de zona tensionada, es decir, zonas en las que el gasto dedicado al alquiler por parte del usuario sea superior al 30%. Asimismo, los tenedores de vivienda que no alcancen la cifra de 10 inmuebles en zonas tensionadas deberán congelar el precio del alquiler de su propiedad, recibiendo incentivos fiscales por parte del Gobierno si estos deciden bajar el precio. En el caso de particulares que deseen ceder su vivienda, tendrán una bonificación fiscal que se verá incrementada si se lleva a cabo una rebaja de su precio y dependiendo de a quién se le alquile esta, véase jóvenes o personas con bajos recursos.
Esta nueva Ley también castigará a la vivienda vacía mediante un aumento del IBI, competencia de las administraciones municipales, que ascenderá hasta el 150%, pese a la propuesta de Podemos de que este sea del 200%. Esta medida afectaría a los tenedores de vivienda cuyas propiedades no hayan sido ocupadas más de dos años.
En respuesta a la baja oferta de alquiler que existe en España, se apostó por aumentar la inversión en vivienda pública, se destinó un total de 4.420 millones de euros a la rehabilitación residencial y a la vivienda social, provenientes de los fondos europeos, con la intención de crear 20.000 hogares destinados a familias vulnerables -que en la actualidad sólo ocupa el 18% del mercado-.
Esta serie de medidas pueden llegar a parecer razonables en un principio, sin embargo, a la práctica, intervenir en el mercado inmobiliario no ha resuelto su premisa correspondiente. La idea de los incentivos fiscales a los propietarios que bajen u ofrezcan facilidades a sus inquilinos sí que puede llegar a fomentar esta práctica, pero esto sólo incluirá a los tenedores de vivienda que tengan en su haber menos de 10 inmuebles, por lo que se excluye a los grandes tenedores, a los que se pretende intervenir directamente. Existen una serie de precedentes en Europa con las que nos podemos hacer a la idea de lo que supondría regularizar el alquiler. Tanto en Berlín como en París -grandes metrópolis con oferta tensionada- se establecieron leyes intervencionistas que no perduraron en el tiempo y debido a la bajada del precio del alquiler la oferta de la misma se vio reducida drásticamente, aumentando el precio -un 36% en el caso de Berlín-, ambas ciudades tuvieron que adoptar posturas más moderadas al respecto. De todas maneras, no podemos extrapolar los sucesos de otros países con el nuestro. España no cuenta con una oferta de vivienda equiparable con los países en los que se han aplicado estas medidas, justamente el desequilibrio entre oferta y demanda es lo que hace que el precio medio sea tan elevado. En breves palabras, si un inquilino no es capaz de costear su alquiler, el propietario no se verá obligado a bajar el precio del mismo, debido a que existe una gran cantidad de potenciales usuarios que están buscando un inmueble en el que asentarse. Si por el contrario, existiera una amplia oferta de vivienda, ante la imposibilidad de que el inquilino pague el alquiler, el propietario deberá reducir el coste si desea retener al sujeto, en vista de que hay una mayor competencia en el mercado y la oferta de vivienda es mayor, por ende, el mercado va a tender a autorregularse cuando existe una relación de equilibrio entre la oferta y la demanda, no cuando la balanza se decanta por una de estas.
Esta es la situación y las medidas que se van a llevar a cabo no van a dar con la solución para este problema, aumentar la oferta y liberalizar el suelo será lo que consiga que el precio del alquiler se autorregule. Sin embargo, la aceptación de esta idea llevaría a asumir que el Gobierno no tiene el poder para controlar el mercado, planteamiento incompatible con la ideología socialista.

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