La Plataforma de Afectados por la Erupción reivindica 23 medidas para agilizar la reconstrucción, tras dos años de la catástrofe

Reclama, entre otras reivindicaciones a las Administraciones pública, una ordenación definitiva del territorio teniendo claro qué zonas son recuperables y las que no, un plan claro para la solución habitacional y la reconstrucción agraria, un sistema de ayudas que abarque toda la casuística de necesidades de las familias damnificadas y que se garantice recuperar el valor del patrimonio perdido

Al cumplirse el segundo año del inicio de la catástrofe volcánica de La Palma, la Plataforma de Afectados por la Erupción del Volcán Cumbre Vieja 2021 ha reivindicado en un manifiesto a las distintas Administraciones públicas un total de 23 medidas con las que pretende que se concrete cuanto antes, para la nueva legislatura recién comenzada, la hoja de ruta definitiva con que enfocar y agilizar la reconstrucción socioeconómica de la población y la zona afectadas.

Subraya la plataforma que “muchos afectados siguen esperando respuestas a los problemas derivados de la pérdida de viviendas, enseres, fincas o empresas, y las ayudas prometidas, y en general, los medios para recuperar la economía de una isla que atraviesa una de las peores crisis de su historia”.

Esta tabla reivindicativa ha sido entregada a las Administraciones públicas, y con tal fin la plataforma promovió un encuentro entre cargos públicos y afectados por el volcán, para clarificar una senda de trabajo a raíz de los cambios de gobierno tras las últimas elecciones y el inicio de un nuevo mandato.

Este colectivo demanda informes del IGN y el IGME sobre que zonas de las coladas pueden ser recuperadas y en qué plazos. También conocer la ordenación del nuevo territorio.

EL NUEVO HOGAR DEFINITIVO

En cuanto al problema de la vivienda, reclama un plan integral para dar solución habitacional, que las ayudas por pérdida de hogar puedan recibirlas también las viviendas “en situaciones de precario” y las que no estuviesen regularizadas, en especial en parcelas donde había originalmente una casa y se añadieron otras pertenecientes al mismo núcleo familiar.

Asimismo, la plataforma urge al Gobierno canario actual a que la ayuda de 30.000 euros alcance ese importe para todos los beneficiarios, tal como prometieron los anteriores gobernantes y no cumplieron. Otra demanda importante es que las ayudas al alquiler de primera vivienda se abonen con carácter mensual, y no cada 4 o más meses.

Y plantea estudiar la posibilidad de que aquellos afectados que hayan perdido segundas viviendas o camas turísticas puedan reconstruirlas en suelos no edificables dada la gran importancia que tenían estos ingresos complementarios en los núcleos familiares.

RECUPERAR EL VALOR DE LO PERDIDO

En el listado de peticiones figura también que el Gobierno canario cumpla el compromiso de pagar el valor del patrimonio privado destruido por la erupción, es decir, con el valor que tenía antes de la catástrofe. En este sentido, la plataforma propugna priorizar a los afectados de avanzada edad que no vayan a reconstruir sus inmueble.

Una medida también demandada y no satisfecha aún es la cancelación de préstamos, en especial los hipotecarios sobre primeras viviendas destruidas.

Por lo que respecta a la agricultura, la plataforma pretende definir un plazo para la reconstrucción de los bancales, proyectar el abastecimiento de tierra vegetal necesaria, determinar las zonas de fincas comunes y las que podrán reconstruir los particulares, al tiempo que dejar claro todo el sistema de ayudas públicas y créditos blandos para estos fines.

MODIFICAR LEGISLACIÓN ESTATAL

En lo que se refiere a legislación estatal, este colectivo ve necesario modificar la Ley de Expropiación Forzosa (para que el justiprecio sea al valor anterior a la erupción), el Código Civil (ya que a día de hoy discrimina a los afectados por volcanes su sección reguladora del derecho de acceso a inmuebles afectados por incidentes o catástrofes) y, por último, Ley de Seguros (para que se puedan asegurar terrenos con actividades económicas frente al riesgo volcánico).

En cuanto a fiscalidad, la plataforma defiende un régimen de bonificaciones fiscales homogéneo entre las distintas Administraciones públicas hasta que La Palma recupere los índices económicos anteriores a la erupción.

En la lista de reivindicaciones está también una mención a Puerto Naos y La Bombilla, todavía evacuados por los gases, y propone zonificar el peligro, medidas preventivas frente al CO2, garantizar las ayudas a las empresas afectadas y soluciones habitacionales para su población.

Finalmente, la plataforma requiere una planificación detallada de la recuperación de vías preexistentes a la catástrofe.

En este contexto, la plataforma concede un margen de confianza a las nuevas autoridades autonómicas, insulares y locales, aunque advierte de que deben cumplir los compromisos adquiridos para no demorar la reconstrucción y posibilitar que se haga de la mano de la población damnificada.