La Sociedad Española de Epidemiología alerta del uso del concepto de reducción de daños por la industria del tabaco y reclama nuevas medidas tras 20 años de legislación

Presentación monografía

La SEE alerta en su reunión anual sobre cómo la industria del tabaco ha secuestrado el concepto de reducción de daños para utilizarlo como política de marketing. La salud pública debería valorar los posibles beneficios y riesgos, así como el alcance del uso de esta estrategia para mejorar el control del tabaquismo

La SEE presenta asimismo una monografía en la que hace balance de dos décadas de legislación contra el tabaco y propone nuevas medidas para combatir las desigualdades y frenar la popularización de nuevos productos

El tabaco causa hasta 60.000 muertes evitables al año en España y sus efectos se agravan entre las mujeres, según los últimos datos de mortalidad

Sólo uno de cada cuatro fumadores intentó dejarlo en el último año; una de cada cinco personas fuma actualmente en España, cifra todavía lejana del objetivo de reducir el tabaquismo al 15% para avanzar hacia el “endgame” del tabaco

5 de septiembre de 2025.- La XLIII Reunión de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), que se celebra del 2 al 5 de septiembre en Las Palmas de Gran Canaria, ha dedicado varios de sus espacios clave a debatir sobre los retos actuales en torno al tabaquismo, una de las principales causas evitables de enfermedad y muerte en España. A través de ponencias técnicas, mesas de debate y la presentación de una monografía, el Congreso ha analizado las estrategias que han funcionado, las que no han dado los resultados esperados y los nuevos desafíos derivados de la normalización de productos como los cigarrillos electrónicos, así como el rol que está jugando la industria apropiándose de conceptos de la salud pública en su propio interés comercial.

Sobre este tema, una de las citas más importantes ha sido la mesa plenaria celebrada bajo el título: “Reducción de daños en tabaquismo: ¿esperanza, espejismo o amenaza?”. Los expertos Esteve Fernández, secretario de Salud Pública de la Generalitat de Catalunya, e Iñaki Galán, investigador científico del Centro Nacional de Epidemiología en el Instituto de Salud Carlos III; debatieron precisamente sobre los riesgos y beneficios que suponen los nuevos productos de tabaco como el cigarrillo electrónico o el tabaco calentado, y su papel en un marco de reducción de daños para el control del tabaquismo.

En concreto, Esteve Fernández explicó que estos productos mantienen la dependencia a la nicotina, atraen a jóvenes no fumadores y fomentan la figura del fumador dual, con mayor nivel de adicción, que es capaz de combinar el tabaco fumado o no fumado en función del entorno en el que se encuentre. Por eso, los expertos alertan de que no sólo no son la solución, sino que pueden ser la puerta de entrada a un consumo que en otros casos no se daría y sobre el que no existe suficiente información.

De hecho, ninguno de los estudios que existen a nivel internacional han sido capaces de encontrar evidencias sólidas que sostengan que estos productos reducen el consumo de tabaco convencional y, además, la mayoría de las alternativas contienen diferentes tóxicos, incluyendo cancerígenos, y metales pesados. Fernández revisó la evidencia acumulada sobre el potencial carcinogénico de los cigarrillos electrónicos.

Iñaki Galán abordó también la apropiación del concepto de reducción de daños por parte de la industria en un país como España, en el que fuman casi 8 millones de personas (el 20% de la población adulta). Galán no negó la complejidad de este debate, pero destacó que la reducción de daños ya se está utilizando desde una perspectiva de salud pública; por ejemplo, regulando la exposición a humo ambiental de tabaco o reduciendo la concentración de nicotina en los productos de tabaco. La discusión que hay que valorar con mucha cautela y responsabilidad es el alcance de esta estrategia para evitar normalizar el consumo entre jóvenes y facilitar la entrada de nuevos productos que también son nocivos. Durante la mesa se expusieron, además, las políticas que están implementado otros países, siendo las regulaciones de los nuevos productos de tabaco enormemente heterogéneas a nivel mundial.

La propuesta de los expertos incide en que la respuesta debe ser internacional, coordinada, intensificando medidas estructurales, como los impuestos, una regulación firme y la prevención, pero abierta a otras medidas que vayan más lejos que las implementadas en el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, ya que la prevalencia de fumadores no ha disminuido tan rápido como se esperaba.

Mortalidad evitable

Previamente, Julia Rey Brandariz, profesora ayudante doctora de la Universidad de Santiago de Compostela, expuso en la mesa “Lección Joven” una ponencia centrada en la mortalidad atribuida al consumo de tabaco y a la exposición al humo ambiental del tabaco. En su intervención, ofreció datos actualizados sobre la situación actual de esta adicción y sus consecuencias para la salud.

En España, el consumo de tabaco causa entre 50.000 y 60.000 muertes anuales, mientras que otros 750 fallecimientos aproximadamente se atribuyen a la exposición al humo ambiental del tabaco. Y todas estas muertes son evitables. En las últimas estadísticas, se ha constatado además que la carga de mortalidad atribuida al consumo de tabaco está disminuyendo en hombres, pero aumentando en mujeres, debido a un patrón de consumo más tardío. Por ello, los expertos reivindican la necesidad de aplicar perspectiva de género en las estrategias de prevención y control.

Monografía sobre 20 años de políticas antitabaco

El Congreso culminó su bloque dedicado al control del tabaquismo con la presentación de la monografía: “20 años de aplicación de las medidas del Convenio Marco de la OMS para el control del tabaquismo en España”, elaborada por el Grupo de Trabajo sobre Tabaco de la SEE y presentada por Mónica Pérez Ríos e Iñaki Galán. La sesión estuvo moderada por la presidenta de la SEE, Maria João Forjaz, y contó con la apertura institucional de Pedro Gullón, director general de Salud Pública y Equidad en Salud del Ministerio de Sanidad.

Este documento hace balance de los 20 años de aplicación de las medidas de prevención y control del tabaquismo en España. La SEE adelantó las primeras conclusiones de este informe el pasado mes de mayo, coincidiendo con el Día Mundial Sin Tabaco, y ahora lo publica en su totalidad con el objetivo de contribuir a mejorar las políticas de prevención y control del tabaco a partir de la evidencia científica. Los autores de la monografía señalan que las políticas puestas en marcha desde la adhesión al Convenio Marco para el Control del Tabaco en 2005 han logrado una importante reducción de la exposición al humo ambiental del tabaco y desnormalización en su consumo. Especialmente, a partir de su prohibición en todos los lugares públicos y de trabajo.

Sin embargo, todavía queda trabajo por hacer, ya que la prevalencia de fumadores no se ha reducido tan rápido como se esperaba -en 2020 era del 22,1%- y tampoco se observa un mayor incremento del abandono del consumo a partir de 2005. España se encuentra todavía lejos de reducir hasta el 15% la prevalencia de tabaquismo, objetivo que se recomienda para planificar la estrategia “endgame” -fin de la epidemia- del tabaco.

Además, y tal y como ya explicaron los expertos en las mesas dedicadas al tabaquismo, la industria está diversificando su oferta con nuevos productos de tabaco que podrían constituir una amenaza para el control y el fin de esta adicción, como los cigarrillos electrónicos, el tabaco calentado o las bolsitas de nicotina, entre otros.

Sólo uno de cada cuatro fumadores intentó dejarlo en el último año

La medidas de control del tabaco puestas en marcha en los últimos 20 años tampoco parecen haber generado grandes cambios en el abandono del consumo de tabaco. De hecho, sólo uno de cada cuatro fumadores intentó dejarlo en los últimos doce meses.

El documento de la SEE también refleja grandes desigualdades en el consumo de tabaco. Y es que, a medida que se han implementado las políticas de control del tabaco y ha aumentado la conciencia social sobre sus riesgos, su consumo ha disminuido en los sectores más privilegiados y se ha concentrado más en los grupos desfavorecidos, con menos recursos y menor acceso a las estrategias de prevención y abandono.

Las desigualdades en el consumo de tabaco también se reflejan en el ámbito geográfico. Dos estudios recientes han analizado las diferencias regionales en los patrones de consumo y de mortalidad en España, y muestra que las comunidades autónomas con menor PIB, como Extremadura y Andalucía, presentan históricamente una mayor prevalencia de consumo de tabaco y una tasa de mortalidad atribuida al consumo de tabaco más alta en la población masculina.

La reducción de la exposición al humo ambiental del tabaco, la desnormalización de su consumo, el activismo científico y ciudadano o las estrategias como hospitales o playas sin humo han sido algunos de los logros de estos últimos 20 años. Frente a ellos, hay retos que abordar como incrementar el descenso en la prevalencia, las desigualdades, la publicidad encubierta en redes sociales, la popularización de nuevos productos o la influencia de la industria tabaquera en las políticas públicas.

Por ello, desde la Sociedad Española de Epidemiología consideran que el nuevo Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo 2024-2027 supone una oportunidad clave para retomar el liderazgo europeo en control del tabaquismo, con medidas a incluir en la reforma de la ley del tabaco como el etiquetado neutro, la ampliación de espacios sin humo a terrazas, playas y parques, o la regulación de nuevos productos emergentes. No obstante, requiere una hoja de ruta concreta, un calendario de implementación y un consenso político duradero.

La XLIII Reunión Anual de la Sociedad Española de Epidemiología y el XX Congresso da Associação Portuguesa de Epidemiologia (APE), cuenta con la colaboración de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y el apoyo de la Dirección General de Salud Pública y la Dirección General de Salud Mental y Adicciones del Servicio Canario de la Salud (SCS), el Cabildo de Gran Canaria, la Consejería de Turismo del Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria, y el Colegio de Enfermería de la Provincia de las Palmas.