La UCO recibió denuncias anónimas sobre Púnica: «la gente estaba cansada de la corrupción»
11 de junio 2025/Agencias
El instructor de la investigación del caso Púnica en la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha declarado en el juicio que durante las pesquisas, en 2014, recibieron «centenares de denuncias anónimas», algunas sobre esta trama, porque «la gente estaba muy cansada de la corrupción en España».
La Audiencia Nacional ha reanudado este miércoles la vista por la pieza de Cofely de la causa de Púnica en la que se sientan en el banquillo 36 procesados, entre ellos nueve exalcaldes acusados por adjudicaciones por parte de sus ayuntamientos a esta empresa multinacional de contratos millonarios de servicios de eficiencia energética a cambio de dádivas y comisiones entre 2012 y 2014.
Quince acusados han pactado con la Fiscalía confesar los hechos a cambio de ser condenados a penas menores, entre ellos los exalcaldes de Torrejón de Velasco Gonzalo Cubas (del PP), Parla José María Fraile (PSOE) y Serranillos del Valle Antonio Sánchez Fernández (Unión Democrática Madrileña -UDMA-).
Igualmente ha pactado con la Fiscalía el acusado David Marjaliza, un empresario de la construcción arrepentido que Cofely contrató como asesor comercial para que actuara como ‘conseguidor’ de contratos públicos, que fue socio de Francisco Granados, exconsejero de la Comunidad de Madrid con el Gobierno del PP que presidía Esperanza Aguirre e investigado en otras piezas del caso Púnica.
También se sientan en el banquillo otros seis exalcaldes del PP, que no reconocen los delitos por los que están acusados.
En concreto, José Carlos Boza, de Valdemoro; Agustín Juárez, de Collado Villalba; Daniel Ortiz Espejo, de Móstoles; Mario Utrilla, de Sevilla la Nueva, y Carlos Alberto Estrada, de Moraleja de Enmedio, todas ellas localidades madrileñas, además de José García Lobato, de Almendralejo (Badajoz).
Este miércoles ha testificado el instructor de las diligencias practicadas por la UCO en el marco del caso Púnica, que ha explicado que se intervinieron teléfonos de Marjaliza y otros investigados y constataron que este empresario «tenía un trato cercano con autoridades y cargos públicos, que le ponían al corriente de las fases de contratación en los ayuntamientos».
Ha añadido que también comprobaron que «cargos púbicos acudían a la sede de las empresa de Marjaliza -en la localidad madrileña de Pinto- para recibir cantidades económicas».
El responsable de la investigación de la UCO ha sido preguntado si contaron con confidentes, a lo que ha contestado: «se recibieron centenares de denuncias anónimas, algunas de las cuales ofrecían información que tenían que ver con la causa de Púnica y las demás se derivaron» a otras unidades.
«La gente estaba muy cansada de la corrupción en España y aprovechó la oportunidad para poner en conocimiento de la UCO hechos de lo más variopinto», ha comentado.
También ha declarado un oficial de la UCO que participó en las investigación, que ha hecho referencia a «presiones» de cargos públicos «para que Cofely hiciera frente a los pagos de las comisiones que habían acordado».
En sesiones anteriores del juicio el que en la época de los hechos era responsable de Mercado Público del Departamento Comercial de Cofely, el acusado Pedro G.P., manifestó que en los ayuntamientos de Collado-Villalba, Móstoles y Parla llegaron a exigir una comisión de hasta 600.000 euros para la adjudicación del contrato aunque la cantidad se renegoció a la baja en los tres casos.
