Las comunidades del PP anuncian un plante en la reunión para reubicar a menores migrantes
17 de julio 2025/Agencias
Las comunidades gobernadas por el PP no acudirán este jueves a la Conferencia Sectorial sobre la reubicación de unos 3.000 menores migrantes no acompañados por considerar que el Gobierno pretende imponer un reparto «forzoso» e «ilegal» que vulnera el principio de igualdad territorial, según han confirmado a EFE varios ejecutivos autonómicos.
La reunión está convocada a las 9:30 horas bajo la presidencia de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y se preveía bronca, toda vez que algunas autonomías del PP habían mostrado una fuerte oposición a la propuesta del Gobierno y han recurrido al Tribunal Constitucional el decreto en el que se aprobó.
La idea del Gobierno, que ya trasladó a las comunidades de cara a una reunión preparatoria, es reubicar a unos 3.000 menores migrantes no acompañados desde Canarias, Ceuta y Melilla a otros territorios, la mayoría a Andalucía, la Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana, las tres gobernadas por el PP.
Además de considerar ilegal el orden del día de la reunión al haber sido rechazado por mayoría en la Conferencia Sectorial previa, las comunidades gobernadas por el PP rechazan que se convierta a los menores en «objetos de intercambio político».
«Son personas a proteger, no paquetes a repartir», recalca el PP en un comunicado, en el que subraya que los menores deben ser atendidos con dignidad y no ser utilizados como escudo político y coartada para resolver las «urgencias parlamentarias de un presidente atosigado por la corrupción de su entorno».
Resaltan que su compromiso es con el interés del menor, no con el interés de Pedro Sánchez, y se niegan a asumir las consecuencias de su falta de política migratoria.
En su opinión, el reparto diseñado por el Gobierno sólo busca enfrentar a las comunidades autónomas entre sí al aplicar criterios arbitrarios, sin consenso y con el único objetivo de excluir del reparto a Cataluña y País Vasco, sus socios parlamentarios en el Congreso.
Advierten del «riesgo real de colapso» de los sistemas de protección de menores que, aseguran, ya funcionan al límite de su capacidad, y creen «inaceptable» que el Gobierno no garantice condiciones dignas de atención y pretenda trasladar a menores sin asegurar previamente la determinación efectiva de su edad.
El anuncio del reparto actúa como «potente» efecto llamada, denuncian desde el PP, cuya comunidades exigen al Gobierno que se haga cargo «de manera directa y con financiación propia» de la atención a los menores no acompañados en situaciones de emergencia como la que atraviesan Canarias o Ceuta o puedan sufrir otros territorios, como figuraba en el acuerdo firmado en septiembre de 2024 y en la Declaración de Asturias.
Y cuestionan la «doble vara de medir» que tiene el Gobierno cuando se niega a acoger a los más de mil solicitantes de protección internacional que le exige el Tribunal Supremo, pero exige a las comunidades asumir repartos forzosos sin medios.
