Matos pide que migración sea un elemento ineludible de política común de UE

05 Diciembre 2020
El presidente de la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales de la Unión Europea (CALRE), Gustavo Matos, ha trasladado al presidente del Comité Europeo de las Regiones (CdR), Apostolos Tzitzikostas, la necesidad de que en el futuro proyecto de la UE se introduzca como “elemento ineludible” la obligación de afrontar el fenómeno migratorio como una política común. «Cuando una persona llega a cualquier territorio de la UE, en este caso a la frontera sur buscado seguridad personal, seguridad sanitaria y huyendo de situaciones humanitarias complicadas, lo hace porque quiere alcanzar un punto del territorio de la Unión”, dijo en su intervención durante la reunión mantenida con Tzitzikostas y los presidentes de las asociaciones europeas de autoridades locales y regionales.
Matos ha indicado que si se quiere construir un proyecto europeo creíble, donde se tenga claro que la frontera sur forma parte también de lo que significa construir un espacio político, social, económico y cultural, la respuesta al fenómeno migratorio ha de ser global.
En su opinión, por tanto, la soluciones, medios, relaciones internacionales y capacidad de respuesta han de ser globales dentro de ese proyecto” y ha destacado que esa respuesta conjunta por la que aboga sirva también de “antídoto y receta frente a los tics xenófobos y autoritarios que ponen en riesgo la convivencia”.
Una nota del Parlamento explica que en la reunión de hoy se estructuró en varios bloques por contenidos, además del bloque migratorio: la pandemia de COVID y la UE por la salud; los planes de recuperación de la UE y la necesidad de garantizar recursos adecuados a las comunidades locales y regionales; la ‘Casa Europea de la Democracia’ y la Conferencia sobre el Futuro de Europa; la cooperación entre el CoR y las asociaciones europeas de autoridades locales y regionales. Durante la jornada se fue trabajando en la redacción de una declaración política conjunta entre el CoR y las distintas organizaciones sobre las graves consecuencias sanitarias y socioeconómicas de la pandemia.
En el documento exponen su preocupación ante el hecho de que mientras aumenta la demanda de servicios básicos, los recursos disponibles disminuyen.
No obstante, subrayan su compromiso con la ciudadanía de las regiones a las que representan y abogan por el esfuerzo colectivo desde cada nivel de gobernanza.
Los representantes de las distintas organizaciones han acordado apoyar a la Comisión Europea en su aspiración de incrementar el papel de la UE en el campo de la política de salud, indica la nota.
En este sentido, reclaman un papel específico para los servicios regionales de salud y destacan la importancia de asegurar el mantenimiento del mercado único, que continúa operando en situaciones de crisis, defendiendo y promoviendo cooperación transfronteriza entre los Estados miembros, regiones y ciudades, que están resultando cruciales para abordar la emergencia sanitaria. En cuanto a la necesidad de impulsar la recuperación y asegurar recursos suficientes para las comunidades locales, todas las organizaciones acogen favorablemente el compromiso final acordado entre el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea para el próximo Marco Financiero Plurianual (MFP) y el Instrumento para la Recuperación Europeo (Next Generation EU), que debe respaldar a las autoridades regionales y locales en sus esfuerzos para construir una UE más fuerte, más sostenible, cohesionada y resiliente.
“Solamente si nuestras regiones, ciudades y villas se recuperan, nuestros Estados miembros y la UE se recuperarán”, remarcan. En la declaración reclaman que el presupuesto de la UE refleje la necesidad y aspiraciones de Europa para facilitar condiciones de vida similares en todos los territorios. “La cohesión es nuestro valor primordial y debe convertirse en la brújula de todas las políticas de la UE para garantizar que ninguna persona de ningún lugar sea abandonada”. Respaldan también que la UE articule herramientas de protección de la democracia, el estado de derecho y los derechos fundamentales en cada estado miembro, región y municipio, asegurando la aplicación de sanciones en caso de incumplimiento.

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