NC-BC denuncia que el Gobierno privatiza las licencias de obra para favorecer a los constructores de viviendas

13 de mayo 2025

El grupo canarista advierte de que la agilización de los permisos “no puede ser una excusa para poner en manos privadas” una función pública

Nueva Canarias–Bloque Canarista (NC-BC) advirtió de las graves consecuencias que tendrá para la ciudadanía del Archipiélago el nuevo decreto ley 3/2025 aprobado por el Gobierno presidido por Fernando Clavijo. La portavoz parlamentaria en materia de vivienda de NC-BC, Carmen Hernández, denunció que esta norma permite que empresas privadas, pagadas por los promotores, tramiten y supervisen las licencias de obra, algo que hasta ahora hacían exclusivamente los ayuntamientos a través de sus técnicos públicos. La portavoz canarista rechazó la privatización de las licencias de construcción ya que favorecerá a los constructores, aumentará aún más la especulación, debilitará la protección del suelo y los derechos de la ciudadanía. “No existen precedentes en Canarias ni en el Estado”, alertó.

Carmen Hernández confirmó hoy, como el portavoz parlamentario, Luis Campos, en la comisión General de Cabildos; que mañana martes NC-BC en el pleno del Parlamento rechazará la convalidación del decreto ley y apoyará su tramitación como un proyecto de ley. “Esconden bajo un título amable y benévolo, una norma para desviar el control público hacia manos privadas. Hablamos del mayor bien que tiene esta tierra, el suelo, un territorio fragmentado y limitado”, avisó. Lo dicen también, tal y como puntualizó, los empleados públicos técnicos de las administraciones locales.

“El control del uso del suelo ya no estará en manos del interés general, sino de quienes tienen intereses privados. Esto abre la puerta a la especulación urbanística y pone en peligro nuestro territorio y el derecho a una vivienda digna”, denunció Hernández.

Lejos de impulsar la construcción de viviendas en las islas, para NC-BC, este decreto ley es una herramienta para “privatizar” funciones públicas fundamentales. Debilitará el control público sobre el urbanismo y favorecerá los intereses privados bajo una “justificación” de agilización que “no está sustentada ni jurídica ni socialmente”.

La diputada canarista sostuvo que delegar en empresas privadas la emisión de licencias urbanísticas pone en riesgo la objetividad, la imparcialidad y legalidad en la gestión del suelo, una función pública. Se produce una «usurpación” de competencias municipales», subrayó, al vaciar de contenido el papel de los ayuntamientos en el urbanismo, algo que va contra el principio constitucional de autonomía local.

También se deja al control privado, criticó, la verificación y el restablecimiento de la legalidad urbanística, lo que es “muy grave” porque se deja en manos privadas decisiones como la demolición de las edificaciones realizadas ilegalmente. Sin olvidar, añadió, las actuaciones de restauración que conlleva devolver físicamente los terrenos, edificaciones o usos al estado anterior a su vulneración, además del cese del suministro de agua, energía y accesos, entre los principales.

Para Carmen Hernández, este decreto ley de CC y el PP “abre aún más la puerta a la especulación inmobiliaria y aleja el foco de la vivienda pública o asequible”, pese a la emergencia habitacional existente. Aludió al “gran descontento” mostrado por la ciudadanía en las multitudinarias movilizaciones del pasado 20 de abril que, bajo el lema de Canarias tiene un límite, se manifestó por el derecho a la vivienda y contra el desarrollismo; y que el próximo domingo volverá a las calles de todas las islas.

Según la portavoz canarista, es el modelo neoliberal de las dos derechas canarias de desmantelamiento del sector público de asfixiar los servicios públicos a propósito por falta de recursos o personal técnico, como también ocurre en la dependencia, para después justificar su privatización.

Tanto el Consejo Consultivo de Canarias (CCC) como los técnicos municipales, alertó, advierten de que este modelo genera inseguridad jurídica, que podrían aumentar los retrasos y parálisis en la emisión de licencias y que es contraria a la doctrina del Tribunal Supremo sobre la intervención de agentes externos a la administración pública en los procedimientos administrativos. Al menos, hay tres sentencias en este sentido, avisó.

Llamó la atención Hernández también de otra conclusión del CCC cuando sostiene que “la extraordinaria y urgente necesidad no ha sido justificada suficientemente” por el decreto ley cuando es una “condición previa determinante para darle legalidad” a esta norma. Además de tener visos de inconstitucionalidad, insistió Carmen Hernández, por usurpación de competencias (autonomía local y del régimen estatutario de los funcionarios).