NC-BC exige al Gobierno que escuche a las familias y cumpla con la legalidad sobre inclusión educativa

27 de junio 2025

Carmen Hernández reclama responsabilidad y rigor jurídico en la próxima regulación legislativa sobre la atención a la diversidad

Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) exigió hoy al Gobierno de Canarias que escuche a las familias y cumpla con las obligaciones legales, constitucionales y la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad sobre inclusión educativa. La portavoz parlamentaria en la materia del grupo canarista, Carmen Hernández, reclamó al consejero de Educación, Poli Suárez, responsabilidad y rigor jurídico en la próxima regulación legislativa sobre la atención a la diversidad.

La diputada de NC-BC reiteró la preocupación de su grupo parlamentario por la falta de garantías jurídicas y el déficit de participación real de las familias en la elaboración de la nueva norma de atención a la diversidad. Este planteamiento fue expresado por Carmen Hernández tras el debate mantenido con Poli Suárez, en el pleno del pasado miércoles.

Hernández mantuvo que la Plataforma Canaria por una Educación Inclusiva y otras entidades sociales que representan a familias se están viendo obligadas a acudir a la vía judicial “por la inacción o la mala praxis” de la Consejería de Educación. «Hay familias que están endeudándose para costear la defensa jurídica del derecho de sus hijos e hijas a recibir una educación inclusiva, como establece la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Hasta cuándo va a mirar hacia otro lado este Gobierno?», preguntó la diputada.

Nueva Canarias alertó de que la consejería pretende regular, a través de un decreto, cuestiones que afectan directamente a derechos fundamentales, lo cual ya ha sido invalidado por el Tribunal Supremo en una sentencia reciente. «Esta sentencia histórica dictamina que derivar a un alumno a un aula especial sin haber agotado previamente los ajustes razonables y apoyos especializados es segregador, inconstitucional y contraria a la convención», explicó Hernández. Advirtió que el borrador que circula extraoficialmente “incurre en ese mismo error”.

Reprochó al consejero no haber recibido a la experta jurídica Laura Abadía que asesora a las familias ni haber respondido con hechos a sus propuestas. «Escuchar no es convocar reuniones para cumplir el expediente. Escuchar significa que haya voluntad para integrar las aportaciones” en el texto normativo, recalcó.

La diputada canarista recordó que, tanto la legislación internacional como la Constitución española, obligan a garantizar una educación inclusiva, no como una opción política, sino como un derecho humano. “No hay un derecho a la educación ordinaria y otro a la educación especial. Solo hay un derecho a la educación, y debe darse en igualdad y sin discriminación, como establece el artículo 27 de la Constitución», reiteró.

A las familias, según la portavoz, les resulta especialmente grave que, en la actualidad, se derive a niños y niñas de Infantil de tres años a aulas enclave cuando se trata de una etapa educativa no obligatoria, sin haber dotado a la clase referida de los ajustes razonables y los apoyos especializados.

Se trataría, continuó, de atender la diversidad y dar a cada menor la atención que precisa, que puede ser en un aula enclave o un centro especial. Pero, tal y como puntualizó, hay otras realidades que pueden ser atendidas en la clase ordinaria.

Carmen Hernández instó al Gobierno a abordar este proceso con transparencia, responsabilidad y diálogo real. “No estamos aquí para confrontar, sino para construir una escuela canaria inclusiva, de verdad, cumpliendo la ley sectorial canaria que obliga a invertir el 5 por ciento del Producto Interior Bruto en educación. El Gobierno tiene la oportunidad de situar a Canarias como referente en derechos humanos. Pero para ello debe actuar con rigor legal, dotación de recursos y, sobre todo, voluntad política”.

Señaló que para garantizar la educación inclusiva se precisan recursos, formación y acompañamiento adecuado en los centros ordinarios. Esto, tal y como señaló, “significa dinero, necesitamos más apoyos en las aulas” para evitar la separación de las niñas y los niños. Ofrecer profesionales como psicopedagogos, más maestras de audición y lenguaje, pedagogía terapéutica y auxiliares ocupaciones y educativos en cada aula es una obligación legal derivada de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, defendió Carmen Hernández.