“Ni un euro más para Quórum77”: IUC exige al Gobierno de Canarias la rescisión inmediata de todos sus contratos por vulneración de derechos de menores migrantes

26 de julio de 2025

La formación califica de intolerable el mantenimiento de vínculos institucionales con una entidad investigada judicialmente por malos tratos, torturas y delitos de odio en centros de acogida de infancia migrante.
Reclama depuración de responsabilidades políticas y un cambio urgente del modelo de atención.
Izquierda Unida Canaria (IUC) ha exigido este viernes al Gobierno de Canarias la rescisión inmediata de todos los contratos con la entidad Quórum Social 77 tras conocerse el cierre judicial de dos de sus centros por graves vulneraciones de derechos a menores migrantes, incluidas presuntas torturas, delitos de odio y amenazas. La organización de izquierdas reclama además una investigación parlamentaria, el cese de responsables políticos implicados en la supervisión de estos recursos y la reorientación completa del modelo de atención a infancia migrante en las islas.
“La gravedad de los hechos es insoportable. Estamos hablando de delitos contra la integridad moral de niños, niñas y adolescentes en situación de extrema vulnerabilidad. Si desde las instituciones no se corta de raíz esta complicidad estructural, entonces el maltrato se convierte en política pública”, ha afirmado Luisa Tamayo, Coordinadora Nacional de IUC.
El juzgado de Violencia contra la Infancia y Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria ha ordenado ya el cierre de dos centros gestionados por Quórum77 —La Fortaleza I y Arinaga— tras constatar numerosas evidencias de malos tratos sistemáticos. En total, casi 200 menores han sido víctimas de un modelo fallido, privatizado y opaco que ha sido objeto de denuncias durante años por parte de entidades sociales y de defensa de derechos humanos. Dos directivos de la entidad, entre ellos su presidenta, han sido detenidos.
“Estamos ante un caso que no puede despacharse como un problema puntual ni con declaraciones de preocupación. No se puede seguir entregando millones de euros a una entidad bajo investigación judicial, cuya trayectoria está manchada de sospechas y malas prácticas. Ni un euro más del dinero público para quienes vulneran los derechos de la infancia”, ha sentenciado Tamayo.
IUC recuerda que, según datos oficiales, Quórum77 gestiona más de la mitad de los centros destinados a la acogida de menores migrantes en Canarias. Esta concentración de contratos, sin transparencia ni mecanismos de evaluación sólidos, ha generado condiciones de hacinamiento, desprotección y descontrol institucional.
“La responsabilidad política es ineludible. Las irregularidades eran conocidas, los informes estaban sobre la mesa y aún así se ha seguido premiando a una entidad que no debía seguir gestionando la vida de nuestros niños. Exigimos explicaciones a la Consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, y al Presidente Clavijo. Si no actúan, serán cómplices”, ha añadido Tamayo.
La formación subraya que este modelo privatizado y mercantilista de atención a la infancia migrante debe terminar. En su lugar, propone un sistema público, con recursos suficientes, supervisión independiente, personal formado y coordinación con entidades del tercer sector con arraigo y trayectoria en derechos humanos.
“Esto no va solo de contratos: va de humanidad, de ética, de lo que una sociedad está dispuesta a tolerar. No puede haber más Arinagas ni más Fortalezas. Hay que colocar el interés superior del menor en el centro y eso empieza por romper con las empresas que los tratan como mercancía. La infancia migrante no puede ser el negocio de nadie”, concluyó Tamayo.
IUC ha anunciado que impulsará mociones en los ayuntamientos y cabildos para exigir al Gobierno de Canarias transparencia sobre todos los contratos con Quórum77, así como para reclamar un plan de acogida alternativo, basado en derechos, descentralización y participación social. También llamará a las fuerzas políticas progresistas a articular una posición común que blinde la dignidad de cada niño y niña bajo protección en Canarias.