Pérez: Municipios pueden retirar símbolos franquistas sin que sea obligatorio

14 Abril 2021
El consejero canario de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha recalcado este martes que los ayuntamientos pueden retirar de sus calles símbolos y monumentos de exaltación franquista sin que sea obligatorio por ley.

En su comparecencia ante el Pleno del Parlamento de Canarias, Pérez ha explicado que para que sea obligatoria legalmente una demolición, antes la Dirección General de Patrimonio deberá incluir en un catálogo los símbolos o monumentos franquistas en cuestión, en base a la cual decidirá la comisión técnica de memoria histórica recién constituida.

Se ha referido en concreto al Monumento a la Victoria, más conocido como monumento del Ángel o de Franco, en Santa Cruz de Tenerife, a raíz de las quejas del diputado de Sí Podemos Canarias Francisco Antonio Déniz, que ha reclamado «más hechos y voluntad política» para actuar.

Y también tras escuchar la intervención de Luis Alberto Campos, de Nueva Canarias, que ha denunciado la pervivencia en las calles de Canarias de elementos que «representan lo peor del ser humano», mientras que Jana María González (CC-PNC-AHI) ha reclamado el cumplimiento estricto de la ley.

El consejero ha admitido que ésta es una de las tareas pendientes de la Ley canaria de memoria, pero ha puntualizado que los pasos pautados en ella no imposibilitan un derribo antes de que sea obligatorio, como hizo el Cabildo de Tenerife con el monumento de Las Raíces que rememoraba la reunión de Franco con mandos militares un mes antes del alzamiento.

«Una cosa es que sea posible y otra, obligatoria», ha distinguido Julio Pérez, quien ha añadido que hasta que sea obligatorio judicialmente, los ayuntamientos como el de Santa Cruz tendrán la competencia para demoler, retirar, arreglar, corregir o «no hacer nada».

De lo que ya se ha avanzado, el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, ha destacado la elaboración de un catálogo de fosas, en base al cual Canarias ha pedido unos 70.000 euros para comenzar a trabajar, y la aprobación de un protocolo de exhumaciones.

Interpelado por los diputados de la Agrupación Socialista Gomera Jesús Ramos y del Grupo Socialista Matilde Fleitas, ha admitido que la constitución de la comisión técnica específica de los niños robados es «una tarea pendiente».

En todo caso, la ha supeditado a que las asociaciones proporcionen «el respaldo de técnicos, profesionales adecuados y suficientes» para que gestionen los archivos y los censos de los casos denunciados «con el rigor adecuado».

Más allá de cuestiones concretas, Pérez ha valorado la unanimidad de la Cámara autonómica para sacar adelante en la pasada legislatura la Ley canaria de memoria y a ella ha apelado para seguir trabajando y cerrar «heridas vivas que necesitan cicatrizar» y para «preservar y proteger la memoria».

Un discurso en el que, con algunos matices, con mayor o menor vehemencia, han compartido todos los intervinientes en el debate.

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