Posicionamiento del CGE ante la sentencia en Jaén que reconoce la falta de equipos de protección, pero exime de responsabilidad a las autoridades sanitarias

Madrid, 15 de enero de 2022.- En los últimos días se ha hecho pública una sentencia del Juzgado de lo Social número 2 de Jaén que reconoce la escasez de equipos de protección para los sanitarios durante los primeros meses de la pandemia por coronavirus, pero exime de responsabilidad al Servicio Andaluz de Salud (SAS) por entender que no ha habido una vulneración del artículo 15 de la Constitución, que recoge el derecho a la vida y a la integridad física y moral. La sentencia se dicta como consecuencia de una demanda interpuesta en marzo de 2020 por el Colegio de Enfermería de Jaén con el objetivo de proteger los derechos de sus colegiados.

En su fallo, el juez considera no se ha producido la violación del derecho fundamental invocado ya que «no se aprecian, dadas las circunstancias, ninguna acción u omisión que limitase derecho fundamental alguno de los demandantes» y que los hechos alegados no se pueden incluir en «el contenido esencial del derecho fundamental invocado».

Ante esta situación el Consejo General de Enfermería de España quiere hacer público los siguientes posicionamientos:

Como no puede ser de otra manera, respetamos el fallo judicial, pero en absoluto podemos compartirlo porque no contempla la realidad de lo que supuso la actuación de las enfermeras en los momentos iniciales de la pandemia
Queremos trasladar a las enfermeras y enfermeros de Jaén, a su colegio profesional y al presidente, nuestra más profundo apoyo y solidaridad ante un fallo judicial que entendemos que es ajeno a la labor inconmensurable que han hecho los profesionales a lo largo de toda la pandemia para cuidar de los pacientes exponiendo su vida y la de sus familiares. Cabe recordar que en Jaén un enfermero y profesor universitario, Pedro Carrillo, dio la vida por sus pacientes, y otros miles cayeron contagiados y sufrieron graves consecuencias, como en el resto del país.
Las enfermeras y enfermeros de toda España han dado un ejemplo de profesionalidad, excelencia y entrega a los pacientes a lo largo de todos los meses de pandemia. Han sacrificado fines de semana, días libres, festivos, vacaciones, y jamás han dudado en acudir a su trabajo a pesar de los momentos críticos que vivieron y de la falta de medios de protección. Y en estos momentos todavía muchos profesionales sanitarios arrastran secuelas por todo este trabajo, desde psicológicas hasta las propias de haber pasado el COVID que incluyen secuelas graves como el COVID persistente.
La legislación en materia de riesgos laborales obliga a proporcionar al trabajador todos los recursos necesarios para poder desarrollar su actividad laboral con todas las garantías para su seguridad e integridad física, tal y como sí ha reconocido una sentencia reciente dictada en Alicante en la que se condena a las autoridades sanitarias por incumplir esta obligación. Si se reconoce que se ha incumplido esta obligación por parte de las autoridades sanitarias, no tiene sentido que a continuación se pretenda que las enfermeras y enfermeros soporten las consecuencias de semejante incumplimiento, como así ha ocurrido en este caso. Las organizaciones sanitarias vulneraron la Ley al no proteger adecuadamente a los trabajadores y por ello deben asumir las consecuencias y repararlas. De ahí que sorprenda la disparidad de criterios entre dos sentencias –la del juzgado de Jaén y la de Alicante- dictadas ante la misma situación denunciada.
Son numerosos ya los pronunciamientos judiciales que consideran demostrado que las autoridades sanitarias incumplieron la legislación en materia de riesgos laborales con los profesionales sanitarios que estuvieron luchando contra el COVID en toda España. Cabe recordar que las administraciones conocieron la pandemia con la antelación suficiente para haber comprado el material de seguridad necesario, pero no actuaron con la rapidez y diligencia necesaria para adquirirlo a tiempo y, por tanto, condenaron a los profesionales a luchar contra el COVID con bolsas de basura, material defectuoso y mascarillas y material reutilizadas de forma sostenida en contra de las recomendaciones. El Consejo General de Enfermería denunció en su momento al Gobierno de España por esta cuestión y, ante la falta de equipos de protección para las enfermeras, invirtió cerca de 800.000 euros en la compra de material de protección, que luego fue distribuido a los colegios de Enfermería de toda España.
Han muerto muchos cientos de profesionales contagiados por no disponer del material de seguridad necesario, por tanto, resulta imprescindible que se depuren todas las responsabilidades de todo tipo en que hayan podido incurrir las autoridades y responsables de la gestión durante la pandemia.
El Consejo General de Enfermería de España confía en la Justicia y que el recurso del Colegio sirva para corregir el fallo en segunda instancia y los profesionales vean reconocido su trabajo y el altísimo riesgo al que fueron sometidos de forma injusta.
Estamos y estaremos siempre al lado del Colegio de Jaén, de sus colegiadas y de su presidente para cualquier cosa que necesiten en su lucha por el reconocimiento judicial de su sacrificio profesional y personal en los días más duros de la pandemia, al igual que estaremos al lado de todas las enfermeras/os que han presentado denuncia por estos hechos en cualquier lugar de España, ya que es de justicia que se reconozca y repare el daño ocasionado. Asimismo, queremos expresar nuestro reconocimiento a la encomiable labor que esta institución colegial está llevando a cabo para defender a las enfermeras y enfermeros de la provincia.

Spread the love

Deja una respuesta