Puigdemont carga contra la «resistencia» del Supremo antes de acudir al TC por la amnistía
26 de abril 2025/Agencias
El expresident catalán Carles Puigdemont ha presentado un incidente de nulidad de actuaciones ante el Tribunal Supremo (TS) al que acusa de emplear una «resistencia virulenta» para no aplicarle la ley de Amnistía, una decisión que pide anular para así derivar este asunto al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
Puigdemont actúa contra el auto de la Sala que respaldó por unanimidad la decisión del juez Pablo Llarena de no aplicarle la ley de amnistía, un paso preceptivo para cerrar el procedimiento en el alto tribunal y poder acudir ya sí al Tribunal Constitucional, como ya lo han hecho el exvicepresident catalán Oriol Junqueras y los exconsellers Raul Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull.
En el escrito, al que ha tenido acceso EFE, el letrado Gonzalo Boye ya reconoce que la Ley Orgánica del Poder Judicial obliga a «este vacuo trámite procesal» y «más cuando es evidente que estamos abocados a continuar el procedimiento en sede constitucional».
De hecho, explica que «quedan al margen» otras cuestiones que «serán objeto en su día de recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional», lo que vaticina ya el escenario futuro.
Ahora bien, el abogado cuestiona una vez más la competencia tanto del Supremo como de Llarena, a los que acusa de construir un «andamiaje para sostener la competencia, de forma indebida e inconstitucional», porque entiende que es el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el que debe resolver la cuestión de la amnistía habida cuenta de que Puigdemont es diputado autonómico.
Tanto el alto tribunal como Llarena «no eran, ni mucho menos son en estos momentos, el juez preestablecido por Ley y, por tanto, a partir de esa vulneración de un derecho fundamental no es posible construir una resolución que no termine siendo contraria al texto constitucional y a los derechos reconocidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea».
Asimismo, considera que la actuación del Supremo pone en entredicho la división de poderes. «Si los jueces pueden ignorar la finalidad de una ley y reinterpretar según criterios ajenos a su función jurisdiccional, el Estado de Derecho deja de ser tal».
Porque, continúa, la ley Amnistía «no se trata de una medida de gracia» sino que «es, ante todo, un instrumento de reconciliación y restitución de legitimidades, dictado en el marco de una democracia que se dice madura y que pretende reconocer que los conflictos políticos no pueden ser eternamente resueltos por la vía penal».
Sin embargo, «su entrada en vigor ha activado una resistencia virulenta desde determinados sectores», que han reaccionado «con una interpretación abiertamente restrictiva y, aparentemente, con una clara intención política».
