Sumar remite a la Comisión de Venecia un informe en defensa de la ley de amnistía

26 de febrero 2024/Agencias
Sumar ha remitido a la Comisión de Venecia un informe respaldando la legalidad de la ley de amnistía y advierte que la oposición «numantina» del PP y Vox a esta ley «carece de sustento jurídico serio», y lo atribuye «a la incapacidad» de estas fuerzas para asumir los resultados de las pasadas elecciones.

Este informe se ha enviado a la Comisión de Venecia diez días después de que una delegación de este órgano europeo, denominado oficialmente Comisión Europea para la Democracia por el Derecho, se reuniera en Madrid con los grupos parlamentarios y miembros del Gobierno antes de emitir sus conclusiones sobre la ley de amnistía.

Coordinado por el portavoz de Justicia de Sumar en el Congreso, Enrique Santiago (IU), el socio del PSOE cree que el objetivo del PP y Vox con estas críticas a la amnistía es «deslegitimar al Gobierno».

Rechaza, en este sentido, que la ley, que está pendiente de un nuevo dictámen, suponga una intromisión en las competencias del poder judicial, una agresión a su independencia y un ataque a la igualdad entre los españoles como aseguran el PP y Vox.

Según Sumar, el referéndum del 1 de octubre de 2017 generó «una nueva herida anímica”, en un proceso que, recuerdan, se produjo mientras gobernaba el presidente del PP Mariano Rajoy, quien «fue incapaz de encauzar el conflicto por la vía del diálogo”.

Desde entonces, añade, se han abierto «decenas de causas judiciales contra las personas involucradas en la preparación o ejecución del fallido referéndum». Menciona en este sentido la derogación del delito de sedición y la concesión de indultos a los principales líderes independentistas.

Sin embargo, hay centenares de personas encausadas, como concejales de pueblos o directores de escuelas que autorizaron el uso de espacios para realizar el referéndum, para quienes debe buscarse una solución.

Resolver la situación en la que se encuentran estas personas, añade, «supondrá un paso adelante en la normalización política en Cataluña, y entre esta y el resto del Estado».