TC estudia esta semana el recurso contra el acceso de Iglesias a Comisión CNI

10 Mayo 2021/Agencias
El Pleno del Tribunal Constitucional examinará esta semana el recurso de Vox contra el decreto que permitió al exvicepresidente segundo del Gobierno Pablo Iglesias formar parte de la comisión del CNI.

 

Fuentes jurídicas han informado a Efe de que el pleno tiene previsto abordar la ponencia del magistrado Pedro González Trevijano, del sector conservador, a partir de este martes.

 

Vox carga en su recurso contra el «truco» utilizado, a su juicio, por el Gobierno para «blindar» a Iglesias, en la comisión del Ejecutivo que controla el Centro Nacional de Inteligencia.

 

Se trata de la disposición que figura en el decreto del primer estado de alarma en la que se incluyó a Iglesias en la comisión que evalúa los servicios de inteligencia, en cuyas reuniones participaba ya desde febrero de 2020.

 

Asimismo, los magistrados tendrán sobre la mesa un nuevo recurso contra la sentencia del procés dictada por el Tribunal Supremo. Esta vez el del exconseller Josep Rull, que será el cuarto que resolverá el tribunal tras los de Meritxell Borrás, Carles Mundó y Jordi Turull, en los cuales siempre respaldaron la posición del Supremo.

 

En el orden del día figura además el recurso del exconseller de Presidencia y exdiputado de PDeCAT Francesc Homs, condenado a un año y un mes de inhabilitación y a 30.000 euros de multa por desobediencia grave al Constitucional en la consulta del 9N de 2014.

 

La sentencia del Supremo subraya que la providencia del Tribunal Constitucional en la que ordenaba la suspensión de la consulta del 9N era de fácil comprensión y exigía al acusado paralizar las actividades ya puestas en marcha y que se abstuviera de promover otras acciones dirigidas a la celebración de la consulta del 9-N.

 

Y desacredita los argumentos dados por Homs, quien alegó que el mandato del TC no era claro y no tenía una advertencia expresa.

 

Además, el tribunal verá también el recurso de la Generalitat de Cataluña por el Decreto Ley de seguridad publica digital, que fue aprobado en octubre de 2019 por el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez para frenar los intentos del independentismo de extender lo que se conoce como la «república digital» catalana.

 

Este decreto permite al Ejecutivo central con carácter excepcional y transitorio intervenir redes y servicios de comunicaciones electrónicas en casos que puedan afectar al orden público, la seguridad pública y la seguridad nacional.

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