¿Transparencia Económica en los Centros Escolares Públicos? Por (*) Miguel Ángel Hernández Concepción

Jacques Hallak y Muriel Poisson desde el Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación publicaron en 2010 un estudio para la UNESCO titulado Escuelas corruptas, universidades corruptas: ¿Qué hacer?.Como punto de partida para responder a esta pregunta conviene leer el artículo de José Manuel Bolado Somolinos, Inspector General de Servicios del Ministerio de Educación, Cultura y Formación Profesional, en la Revista del Consejo Escolar del Estado en su número 3/2013 que lleva por título Transparencia y Mejora de la Educación donde el inspector afirmó que la transparencia económica y social es una necesidad sentida, firme y creciente en las
sociedades verdaderamente democráticas. En efecto, dicha transparencia constituye uno de los objetivos esenciales de la sociedad moderna cuando se pretende alcanzar una democracia real, una eficiencia económica adecuada y cierto grado de equidad social con el reparto/uso justo del dinero de todos. El sector público se financia con el esfuerzo de toda la ciudadanía, por ello la exigencia de un adecuado nivel de transparencia en él resulta incontestable, puesto que los/las ciudadanos tienen derecho a conocer las cuentas y la gestión económica de los fondos públicos utilizados.

Así, pues, a los centros escolares de titularidad pública también les alcanza de lleno la exigencia de transparencia y de rendición de cuentas que suele ser, por lo general, escasa y opaca en la mayoría de los casos. Por ello, en la medida en que sus sistemas de información y difusión de la justificación de ingresos y gastos económicos se perfeccionan, los niveles de transparencia proporcionados por dichos centros podrían ser de mayor calidad y mejorar la realidad educativa española. Cuando se
consultan las páginas electrónicas/blogs de centros escolares, se evidencia una ausencia meridiana de información y/o difusión del estado de cuentas, balance de ingresos-gastos, presupuestos anuales, modificaciones al presupuesto anual, cobros a familias, actividades complementarias/extraescolares, contrataciones obra/servicios, facturación y, por supuesto, se constata una ausencia sideral de indicadores económicos sobre los fondos y/o partidas económicas recibidos.

Por descontado, corresponde a las Administraciones Educativas de las distintas Comunidades Autónomas (Intervenciones Generales) impulsar las reformas necesarias para favorecer/controlar el cumplimiento de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno aplicada al plano económico de los centros escolares dentro del marco normativo. Es un escándalo y una vergüenza sin igual que presupuestos anuales, a veces superiores a 100.000 euros, no sean fiscalizados más allá de los Consejos Escolares a los que también se refiere el inspector José Manuel Bolado y a los que me referiré en otra ocasión. El rápido desarrollo y constante progreso que experimentan las Tecnologías de la Información y la Comunicación en nuestros días llevan a que el siglo XXI esté llamado a ser el “siglo de la información y el conocimiento” y, sin embargo, para los asuntos económicos de los centros escolares públicos aún permanecemos en la era analógica. El primer derecho del alumnado, de los padres, de las madres, de los tutores legales, del profesorado, del personal de servicios de un centro escolar público es el derecho a la información, a todos los nivele sin necesidad de preguntar o pedir explicaciones.

En síntesis, los/las directores/as y los/las secretarios/as son gestores públicos y, por consiguiente, tienen responsabilidades en el ejercicio de sus funciones y en el manejo de los recursos económicos que son de todos. De ahí que hayan proliferado las sentencias condenatorias contra directores/as y/o secretarios/as de centros escolares como la de la Audiencia Provincial Sección no2 de Orense no- 00193/2016 contra A.A.P. del cuerpo de maestros, encargado del comedor y con cargo de secretario quien ordenaba el régimen económico siguiendo las instrucciones del director al que se le condenó como autor criminalmente de un delito continuado de malversación de caudales públicos, en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documentos mercantiles, concurriendo como muy cualificada la atenuante de dilaciones indebidas, a las penas de 2 años y 3 meses de prisión; multa de 8 meses con cuota de 6 euros diarios, con responsabilidad subsidaria en caso de impago de 4 meses; inhabilitación especial para el desempeño de funciones docentes por tiempo de 2 años y la accesoria inhabilitación para el ejercicio del sufragio pasivo durante el tiempo de
condena. Además el maestro de música y secretario hubo de abonar a la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria la suma de 14.961, 46 euros en concepto de responsabilidad civil. Hasta el Tribunal de Cuentas de Madrid- en la Sentencia 19/2019- condenó al director y al secretario del CEIP José María Manresa Navarro de San Fulgencio (Alicante) a pagar cada uno la cantidad d 10005, 52 euros- junto con los intereses más de 3000 euros y las costas procesales- como responsables contables directos por el menoscabo en los fondos de la Generalidad Valenciana.

Y este verano el AMPA del IES El Palmeral de Orihuela ha denunciado al equipo directivo por graves irregularidades en su gestión económica como vender aceite de oliva, procedente de una empresa familiar de uno de los miembros del equipo directivo, o adjudicar contratos menores de mantenimiento/servicios sin convocar a la comisión económica del Consejo Escolar. La próxima vez me ocuparé del copago en colegios e institutos y de otras prácticas impúdicas e ilegales que definen la anatomía corrupta del plano económico de algunos centros escolares públicos.

(*) Profesor Enseñanza Secundaria y Bachillerato, Especialista e Investigador Universitario.

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