Tribunal UE da la razón a España e Italia y anula convocatoria a oposiciones

16 Junio 2021/Agencias
El Tribunal General de la Unión Europea dio la razón este miércoles a España e Italia y anuló la convocatoria de oposiciones europeas para traductores por limitar las opciones lingüísticas de los candidatos, algo que la corte considera en este caso concreto discriminatorio.

Las oposiciones generales habían sido organizadas con vistas a crear listas de reserva para traductores de lengua alemana, francesa italiana y neerlandesa.

La corte con sede en Luxemburgo precisó, no obstante, que la anulación de la convocatoria no puede influir en los reclutamientos ya efectuados a partir de las listas creadas tras ese procedimiento de selección.

Según los jueces europeos, debe tenerse en cuenta la confianza legítima de los candidatos aprobados a los que ya se ha ofrecido un puesto.

El litigio se remonta a julio de 2017, cuando la Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO) publicó en el Diario Oficial de la UE la convocatoria de oposiciones generales para crear listas de reserva destinadas a seleccionar a administradores lingüistas.

En particular, se buscaba a traductores de lengua alemana, francesa, italiana y neerlandesa.

España e Italia impugnaron la convocatoria por limitarse al alemán, al inglés y al francés el régimen de comunicación entre la EPSO y los candidatos.

Ello afectaba en particular al formulario de candidatura, a las solicitudes de revisión y a las reclamaciones.

También se limitaba a las tres lenguas la elección de la segunda lengua cuyo conocimiento debían poseer los candidatos.

En su sentencia dictada hoy, el Tribunal General ha decidido anular la convocatoria de esas oposiciones.

La obligación de la Unión de respetar la diversidad lingüística no significa que toda persona tiene derecho a que se redacte en su lengua todo lo que pueda afectar a sus intereses y que obligue a las instituciones a utilizar todas las lenguas oficiales en cualquier situación, dice el Tribunal.

No obstante, precisa, aunque el interés del servicio pueda justificar la limitación de la elección de una lengua, ello debe basarse en elementos objetivamente verificables que permitan justificar los conocimientos lingüísticos exigidos.

Esos conocimientos deben además ser proporcionales a las necesidades reales del servicio.

En el caso concreto, la corte considera que la limitación de las lenguas hace una diferencia de trato que puede calificarse de discriminación por razón de la lengua, algo que en principio está prohibido, salvo que un interés del servicio pueda justificarlo.

Añade que la Comisión Europea no ha logrado acreditar que esa limitación estuviera justificada por el objetivo que debía permitir alcanzar: incorporar a candidatos operativos desde su entrada en servicio, teniendo cuenta el importante volumen de traducciones que deben realizarse a partir del alemán, del inglés y del francés.

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