TSJC afea a Borràs su «abuso» de la recusación al rechazar su último recurso

25 Julio 2022/Agencias
El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) Carlos Ramos ha rechazado el último recurso de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, para forzar su recusación, una petición que considera constituye un «manifiesto abuso» de esa figura legal.

En una providencia, Ramos ha acordado no admitir a trámite el recurso de apelación que la defensa de Borràs presentó la semana pasada, agotando así una de sus últimas opciones para evitar el juicio por la presunta adjudicación a dedo de contratos de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) que dirigió hasta 2018.

La presidenta del Parlament y de JxCat aún tendría de plazo hoy para presentar un último recurso de apelación contra la confirmación del auto por el que el instructor la dejó a un paso de juicio, pero fuentes de su entorno lo descartan, con lo que el auto de apertura de juicio oral contra ella puede ser un trámite inminente.

El auto de apertura de juicio trasladaría al Parlament el debate de si Borràs debe ser suspendida en aplicación del reglamento del Parlament que obliga a hacerlo en el caso de los diputados que esperan juicio por corrupción y cuentan con un auto de apertura de juicio oral ya firme.

La defensa de Borràs, ejercida por el abogado Gonzalo Boye, presentó la semana pasada un recurso de apelación contra la decisión del juez instructor de no admitir a trámite su recusación en un escrito en el que afeaba al magistrado sus prisas por enviarla a juicio.

En la providencia dictada este lunes, el juez recuerda a Boye que, de acuerdo con la ley, no cabía ningún tipo de recurso contra su decisión de no admitir la recusación.

Además, recalca el magistrado, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha declarado que «las recusaciones basadas en motivos de orden general y abstracto o con manifiesto abuso -es el caso de las invocadas por la representación de la señora Borràs- pueden ser inadmitidas razonadamente por el propio magistrado recusado sin que ello sirva para cuestionar su imparcialidad».

El juez sostiene también que su «preocupación» por que el proceso contra Borràs no sufra dilaciones indebidas «a causa de actos procesales fraudulentos y/o abusivos de las partes es absolutamente legítima y no es ni puede ser demostrativa de ningún interés espurio».

La Fiscalía pide seis años de cárcel para Borràs y 21 de inhabilitación por los delitos de prevaricación y falsedad documental por fraccionar supuestamente la contratación de la ILC para poder adjudicársela a dedo a un amigo.

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