TSJC lleva a Fiscalía el sueldo a Mas como expresident en su inhabilitación

20 Mayo 2020/Agencias
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha pedido a la Fiscalía que informe si los emolumentos percibidos por Artur Mas en su condición de expresident de la Generalitat estaban afectados por su inhabilitación de 13 meses por la consulta del 9-N, condena que venció en febrero pasado.

Así lo ha acordado en una providencia el presidente del alto tribunal catalán, Jesús María Barrientos, que ha remitido al ministerio público la documentación que requirió a la consellería de Presidencia de la Generalitat para conocer, antes de dar por cumplida la condena de Mas, si este había cobrado alguna retribución pública durante su inhabilitación.

Tras analizar el contenido de esta documentación, el TSJC ha acordado trasladarla a Fiscalía para que informe sobre si «los emolumentos percibidos como prerrogativa del expresidente de la Generalitat se deben incluir entre los honores anexos al cargo público afectado por su pena de inhabilitación».

Como hizo con Mas, en el paso previo a dar por liquidada su inhabilitación, el TSJC también ha requerido ahora a la consellería de Presidencia que informe si la exvicepresidenta Joana Ortega -en su caso condenada a nueve meses de inhabilitación- ha percibido desde el pasado 9 de octubre algún emolumento o ha llevado a cabo actividades retribuidas por parte de la Generalitat o de cualquiera de sus entes dependientes.

En el caso de que Ortega hubiese percibido algún emolumento o hubiese desarrollado alguna actividad retribuida, el TSJC pide a la Generalitat que especifique el tipo de actividad retribuida, cuál fue la naturaleza de su nombramiento y el concepto de los emolumentos percibidos.

El TSJC ya denunció en diciembre pasado ante los juzgados de Barcelona a Ortega por «burlar» con su cargo «generosamente retribuido» de asesora del Departamento de Empresa la pena de inhabilitación que le impuso el Supremo por el 9-N.

En concreto, el alto tribunal remitió el caso a los juzgados de Barcelona -Ortega ya no es aforada- para que la investigaran por un delito de quebrantamiento de condena al ejercer el cargo de asesora de la conselleria de Empresa de la Generalitat desde el 17 de mayo pasado, pese a que su inhabilitación por desobediencia expiraba el 19 de octubre del pasado año.

Según el alto tribunal catalán, con este «nombramiento discrecional», por el que entre mayo y octubre Ortega percibió 32.110 euros brutos del erario público, la exconsellera de la vicepresidencia «burló» los efectos de la pena impuesta por el Tribunal Supremo, que la condenó a nueve meses de inhabilitación por la consulta soberanista del 9-N de 2014.

Como consecuencia inmediata de este nombramiento como asesora del Govern, el TSJC acordó entonces dejar sin efecto la liquidación de la condena de inhabilitación Ortega, que expiraba el pasado 19 de octubre.

Una vez finalizado el nuevo plazo, el TSJC ha pedido a la Generalitat que informe si desde el pasado 9 de octubre Ortega ha cobrado alguna retribución pública de la administración catalana o de sus entes, para verificar el efectivo cumplimiento de su inhabilitación.

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