Una de cada tres personas con discapacidad está en situación de pobreza

15 Octubre 2020/Agencias
La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) han lanzado la campaña «Discapacidad es pobreza para 1 de cada 3» para alertar de que una tercera parte de las personas con discapacidad se encuentran en situación de pobreza o en riesgo de exclusión.

Con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, que se celebra el próximo sábado, el movimiento asociativo de la discapacidad reclama medidas urgentes para atajar esta situación, que se ha visto acentuada por la crisis sanitaria, económica y social de la COVID-19.

«La pobreza en las personas con discapacidad tiene una incidencia mayor que en el resto de la población, porque a los gastos habituales que tiene cualquier persona se suman otros directamente relacionados con la condición de discapacidad, mayores dificultades para encontrar empleo y unos ingresos incompatibles con una vida digna», explica el presidente de Cocemfe, Anxo Queiruga.

Por ello reclama «mecanismos que garanticen el cumplimiento de la legislación vigente y, con ello, el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, así como la renovación de la normativa con medidas dirigidas a lograr la plena inclusión y erradicar la incidencia de la exclusión y pobreza en este grupo social».

El 17,7 % de las personas con discapacidad no recibe ningún tipo de ingreso, el 16,9 % no puede comprar medicamentos, el 8,5 % vive en una vivienda precaria, el 6,2 % no puede permitirse comer carne o pescado a diario y el 48,1 % no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos, recuerda la organización.

En cuanto al género, casi tres de cada cuatro personas con discapacidad que están bajo el umbral de pobreza extrema son mujeres y en el 40 % de los hogares donde viven mujeres con discapacidad solas ingresan menos de 500 euros mensuales.

Desde Cocemfe urgen a poner en marcha de medidas que favorezcan la incorporación en el mercado de trabajo, la adecuada prestación de los servicios sociales y sanitarios, la educación inclusiva y de calidad, así como el acceso a todos los servicios en igualdad de condiciones con especial incidencia en la accesibilidad universal.

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