Unidas se puede alerta del colapso habitacional que el alquiler vacacional provoca a las familias laguneras
24 de mayo 2025
Denuncia lo que consideran una dejación de funciones del gobierno municipal y del Cabildo de Tenerife en el control real de la situación de los alquileres vacacionales y el nulo uso de los recursos existentes en la Ley de Vivienda vigente
Datos alarmantes: cuarenta y nueve pisos de alquiler en La Laguna, con precios entre 600 y 3200 euros, frente a más de quinientas sesenta propiedades en alquiler vacacional definidas en ese mapa
Desde Unidas se puede llaman la atención sobre algunos de los datos que ofrece el mapa sobre el alquiler vacacional recientemente difundido y que consideran que plasma uno de los mayores problemas que supone un daño directo a la vida de muchas familias, debido al incremento descontrolado de los precios de los alquileres y el valor de las viviendas
Rubens Ascanio, destaca que el mapa del alquiler vacacional “retrata lo que supone uno de los grandes problemas de nuestra sociedad, en un territorio insular donde los alquileres y el coste de las viviendas suben sin control en un territorio limitado, con una de las medias de salarios más bajos del Estado”. En este sentido asegura que el dato de que solo en la zona metropolitana existan más de 3000 pisos y viviendas bajo esta modalidad de negocio, más de 560 en La Laguna, es un factor que muestra lo que califica como “una dejación de funciones del gobierno local de PSOE-CC y del Cabildo de Tenerife, que se han negado en rotundo en avanzar de forma real en las medidas que contempla la Ley de Vivienda vigente”.
Las cifras son incluso más preocupantes si se miran los datos oficiales del Gobierno de Canarias, en el que según su Registro Oficial constan un total de 1.017 viviendas para alquiler vacacional identificadas en el municipio lagunero.
Indica que solo en La Laguna hay más de dos mil familias demandantes de vivienda pública y que la inversión en materia de vivienda se ha diluido en el presente mandato a nivel municipal. Señala que “el ejemplo más claro de esto es la devolución de más de cuatro millones de euros de una subvención para la puesta en marcha de viviendas sociales en el municipio, algo difícil de explicar en el contexto actual”.
Idaira Afonso, concejala y coportavoz, de la misma formación, indica que la evidencia de la situación crítica actual es que frente a las solo cuarenta y nueve ofertas de alquiler existentes en una de las principales plataformas de vivienda, solo en la Comarca Nordeste hay más de 350 viviendas de este tipo, ocupando Bajamar y Punta del Hidalgo el top de este tipo de usos.
La edil comenta que, tanto en el anterior mandato como en este, han pedido en varias ocasiones un mayor control de este sector, que se persigan los pisos clandestinos, que se aplique la Ley de Vivienda y se declare La Laguna zona tensionada… “aunque de momento los gobiernos municipales de la zona y el Cabildo de Tenerife miran para otro lado”. Afonso llama la atención sobre la ausencia de las labores de control de este tipo de negocio, donde el Cabildo no ejerce las funciones de control como “policía de la vivienda, que tiene encomendada”.
A propósito de esta cuestión, Idaira Afonso aportó en el último pleno municipal una enmienda a una propuesta formulada por otro grupo municipal en la que plenteaban trabajar en una ordenanza urbanística que prohíba los casilleros para llaves en el exterior de las viviendas en el municipio, algo que entiende que se debe acompañar de “acciones informativas a las comunidades vecinales para asesorar sobre las medidas que se pueden aplicar en materia de impedir la implantación de este tipo de actividades en edificios de viviendas”.
