Unidas Se Puede lamenta que el Defensor del Pueblo señale la parálisis en el desarrollo de las Zonas de Bajas Emisiones

04 de diciembre 2023

 

En el pleno de septiembre preguntaron con respecto a la continuidad de las acciones programadas e iniciadas en el anterior mandato, sin obtener una respuesta concreta al respecto

 

Rubens Ascanio Gómez, concejal y coportavoz de Unidas se puede en el Consistorio lagunero, considera que las actuaciones de oficio contra La Laguna y otros 32 municipios del Estado, abiertas por el Defensor del Pueblo, por razón del número de personas afectadas por la contaminación y el nivel de retraso en la tramitación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), exigidas por la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio Climático y Transición Energética, “muestran una vez más el efecto de la desaparición de un área específica de Movilidad Sostenible y la inacción del actual Gobierno local en esta materia”.

 

En el pleno del mes de septiembre el grupo político preguntó a la responsable de Seguridad Ciudadana sobre los avances realizados en esta materia, “sin obtener una respuesta concreta y donde dejó claro que no consideraba vinculante en Plan de Movilidad aprobado”.

 

En febrero de este año las áreas de Movilidad Sostenible y de Medio Ambiente del Ayuntamiento de La Laguna finalizaron el primer proceso comunitario para la puesta en marcha de las primeras Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en el municipio, previstas en una primera fase para el Camino la Villa, San Honorato y el Casco, barrios con una alta presión de vehículos sobre el espacio público. Estas áreas fueron las encargadas entre 2021 y 2023 de impulsar todas las medidas relativas a las ZBE, desde los informes técnicos sobre el modelo, la definición de las zonas y las acciones a implementar, de forma participada, “informando de cada paso al conjunto del Gobierno y también a los grupos de la oposición”. Igualmente se desarrollaron sistemas de control de emisiones para establecer los parámetros de reducción de gases de efecto invernadero, con un sistema de medidores ubicados en las tres primeras zonas seleccionadas por los técnicos.

 

“Desde la percepción es de parálisis absoluta en políticas avanzadas de movilidad, con un único discurso de más carreteras que va a la contra de todas las acciones que en esta materia se recomiendan por los técnicos”, asegura. Para Ascanio es “una irresponsabilidad que el Defensor del Pueblo tenga que venir a jalar de las orejas al Consistorio, cuando todo listo para implementar y lo habríamos hecho si estuviéramos en el Gobierno”.

 

Según el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de La Laguna, aprobado en el pasado mandato, la contaminación generada por las demandas de tráfico en 2022 se situaba en torno a las 451,4 tn/año de NO2, y casi 270.000 tn/año de CO2 y por lo que respecta a las emisiones de PM 2,5 (de partículas procedentes del tráfico) se estiman unas emisiones de 38 tn/año. Estos datos indican que La Laguna genera el 6,6% del total de emisiones de CO2 del archipiélago canario. Indica que “este documento, que el nuevo gobierno parece querer ignorar, a pesar de haberlo aprobado en dos ocasiones en la Junta de Gobierno, es un instrumento que facilita y que además permite acceder por primera vez a las líneas de las ayudas europeas para mejorar la movilidad y al apoyo a las ZBE”.

 

Ascanio considera que hay “una involución en materia de movilidad que esperamos no afecte a lo que ya estaba previsto, consensuado con los vecinos y trabajado con todos los grupos políticos en materia de ZBE”. Explica que en este caso se apostó por “reducir el tránsito de vehículos en busca de aparcamiento fijando las llamadas Zonas Verdes reservadas a vecinos y vecinas, recuperar espacios públicos para peatones y no penalizar a las familias con más dificultades para renovar su vehículo”.

 

Reclaman que el alcalde lagunero ponga orden en esta materia y aclare qué piensa hacer con respecto a las actuaciones de oficio del Defensor del Pueblo, “que tratan de velar por la salud y el bienestar de la ciudadanía”.