El TC completará el amparo a Alberto Rodríguez al anular la retirada de su escaño

28 de enero 2024/Agencias
El Tribunal Constitucional se dispone esta semana a anular la retirada del escaño al exdirigente de Unidas Podemos Alberto Rodríguez que ejecutó la entonces presidenta del Congreso Meritxell Batet ante su condena por dar una patada a un policía durante una protesta en 2014 en La Laguna (Tenerife).

Fuentes jurídicas han informado de que el borrador de la magistrada progresista María Luisa Balaguer propone estimar el recurso de Rodríguez contra la decisión que adoptó Batet el 22 de octubre de 2021, que actuó tal como dijo que le requirió el Supremo.

De ser así, como apunta el escenario más previsible, sería el segundo amparo que el Pleno del tribunal de garantías daría al ex diputado, una vez que el pasado día 16 ya anuló su condena de inhabilitación.

El Tribunal Supremo lo condenó a un mes y quince días de prisión, que sustituyó por una multa y una pena accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo de 45 días. Tras ello, Batet le retiró su condición de diputado, un asunto que, como su condena, Alberto Rodríguez recurrió también en amparo.

La primera sentencia corrigió la condena del Supremo al declarar vulnerado el principio de legalidad, por entender que la sanción de multa (como sustitutiva de la pena de prisión) no puede llevar anudada la accesoria de inhabilitación especial.

Y en base a ello Balaguer, en este segundo recurso, planteará dar la razón a Rodríguez porque una vez anulada la pena de prisión, por sustituirse en multa, así como la accesoria de inhabilitación, no es posible aplicar la Ley Orgánica de Régimen Electoral General que provocó la pérdida del escaño, añaden las fuentes.

Al margen de ello, el Pleno resolverá el recurso de la Comunidad de Madrid contra el decreto de medidas para el ahorro energético aprobado por el Ejecutivo central que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso presentó en otoño de 2022, al considerar que ha sido desarrollado de forma «arbitraria» y «autoritaria».

Díaz Ayuso señaló entonces que el decreto «atenta contra comercios y establecimientos púbicos en momentos difíciles», «invade competencias sin justificación» y «sin haber razones de urgencia».

El llamado «Plan de choque de ahorro y gestión energética en climatización» estableció el ajuste de los termostatos en edificios administrativos, espacios comerciales y culturales, estaciones de tren y autobuses y aeropuertos, además de limitar la iluminación de los comercios hasta las 22:00 horas.

Igualmente, el pleno abordará una sentencia que busca unificar criterios en relación con las extradiciones a Marruecos aprobadas por la Audiencia Nacional para analizar bajo qué condiciones España debe conceder la extradición, un asunto que genera división entre los magistrados, así como otro recurso que pone sobre la mesa el valor en España de las resoluciones de las comisiones de derechos humanos de la ONU.

Además, el Pleno avalará nuevamente la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que impide a este órgano hacer nombramientos cuando esté en funciones, con una ponencia de Balaguer en la que aplicará al recurso del PP la doctrina que emana del primer recurso de Vox, que ya dejó resuelta esta cuestión.